Editorial & Opinion

Malversación de los recursos públicos

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de Negocios

viernes 8, junio 2018 - 12:00 am

La palabra malversación deriva del latin “male-versatio”, que significa invertir mal, desde el punto de vista legal, son aquellas conductas punibles cometidas por autoridades o funcionarios públicos, consistentes en la administración discrecional o la apropiación indebida del patrimonio público, es decir, destinar aquellos objetos que tengan valor económico apreciable pertenecientes a la Administración Publica, hacia rubros distintos al designado en el presupuesto general de la nación.

En consecuencia, la malversación es de carácter patrimonial y es deber del funcionario público administrar honesta y fielmente los fondos en su custodia. Esta posición es sostenida por el Código Penal al enunciar el delito de malversación en el Capítulo II, referente a los actos de corrupción y delitos contra la Administración Pública, de modo que para el Estado es muy importante la tarea de custodiar fondos públicos; por ello se ha dedicado todo un capítulo a los actos de corrupción, contemplando los delitos siguientes: peculado, Art. 325; peculado por culpa, Art. 326; concusión, Art. 327; negociaciones ilícitas, Art. 328; exacción, Art. 329; cohecho propio, Art. 330; cohecho impropio, Art. 331; malversación, Art. 332; enriquecimiento ilícito, Art.333; e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos. Así mismo, se derivan otros delitos que tienen incidencia en actos de corrupción, como: soborno, Art. 307; encubrimiento, Art. 308; prevaricato, Art. 310; patrocinio infiel, Art. 314.

De manera que, aunque el Código Penal prohíbe todas estas prácticas corruptas, aun así, una gran mayoría de funcionarios públicos (excepto unos cuantos), han abusado históricamente del erario público, como si se tratase de bienes propios, destinando los dineros públicos para compra de voluntades, contrataciones indebidas, sobornos, sobresueldos, desvió de fondos para la compra de bienes y servicios que luego traspasan a empresas de testaferros, cuyos destinatarios finales son el funcionario público, sus amigos y familiares.

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Ante este escenario de abusos de recursos públicos, la Sala de lo Constitucional prohibió en agosto del 2010 que el Ministerio de Hacienda aprobara modificaciones presupuestarias entre ramos o carteras de Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Con ello, los magistrados de forma patriótica buscaron frenar el financiamiento de la llamada partida secreta, ya que en los 20 años que gobernó ARENA, los expresidentes de forma discrecional manejaron la partida secreta.

Es así como algunos expresidentes gestionaban para que, en el resto de las carteras de Estado, no ejecutaran todo su presupuesto asignado, sino más bien las obligaban a que les sobrara dinero, para luego traspasar esos fondos sobrantes a la partida secreta, tal como se hizo en el último año de gestión del expresidente Tony Saca y, según la Fiscalía, esto provocó que sus empresas pasaran de ganancias anuales promedio de $197,000 entre 1998 y 2003, a ganancias acumuladas de $10.5 millones, cuando finalizó su periodo.


Ahora bien, una gran parte de la población creyó que, en la primera gestión del FMLN, las cosas serían diferente y por eso votaron por el cambio; fue así como llegó al poder Mauricio Funes, revestido de la esperanza, aunque algunos tuvimos reserva y le dimos el beneficio de la duda, pero en la marcha comenzaron a surgir alertas de cómo se estaban gastando los fondos públicos; para nuestra sorpresa, vimos el caso CEL con El Chaparral, donde se pagaron $108 millones para que abrieran un hoyo. Luego, el caso Polistepeque, donde se dieron maniobras irregulares para adjudicar la publicidad de forma directa y sin licitación a la agencia de su amigo, Joao Santana, que todos sabemos el final de este sujeto. En ese tiempo nombró como presidente del Banco Hipotecario a uno de sus amigos, para luego utilizar esta institución para otorgar préstamos, a favor del ahora recién detenido Miguel Menéndez, para construir una mansión y un spa, pero lo gracioso de este escenario es que Mecafe fue uno de los financistas de la campaña del expresidente.

Tal vez por ello se debe la adjudicación de contratos de $ 21.5 millones a las empresas propiedad de Mecafe, es decir, que no solo se está frente a la presunción del delito de malversación, sino de actos de corrupción, negociaciones ilícitas, entre otros; de modo que, aunque la Sala de lo Constitucional estableció prohibiciones sobre la partida secreta, aun así, en la presidencia de Funes se continuaron desviando los fondos de otras carteras de Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

De tal suerte que el tiempo nos ha dado la razón, el señor Funes no solo fue condenado por enriquecimiento ilícito, sino que sobre él pesa una investigación de varios millones de dólares que, en su momento, tendrá que explicar cómo se gastaron.




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