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En la pasada entrega, tratamos el tema de la legalidad originaria emanada del texto constitucional; la razón de existir el Estado de Derecho en una república democrática, sustentada en la estricta independencia y separación de los poderes públicos y el sometimiento a la ley, una y general para todos, tanto del administrador público como del ciudadano común. En democracia, todo los conceptos vertidos y viabilidad del sistema, se sustentan en una abstracción consentida, no en el poder del más fuerte. Y esa abstracción es lo que Juan Jacobo Rousseau denominó el Contrato Social, única fuente de soberanía, legalidad y legitimidad en una república democrática.

Hay que leer de nuevo ese texto que dio lugar a la revolución francesa, y con ella, el nacimiento de los derechos humanos como los conocemos hoy en día, la república democrática, la separación de poderes y el control de los actos de los gobernantes por la ciudadanía. Todo el poder para el ciudadano, el elector que es el soberano; no el partido, la religión, el sexo, la empresa privada, el sindicato, los gremios o la dinastía en función del nacimiento.

Hay que leerlo y analizarlo, para saber cuál es el origen de este reclamo de vivir en libertad bajo el imperio de la Constitución y ley, sin imposiciones de movimientos o ideologías fracasadas como el comunismo, el socialismo del siglo XXI o el cesarismo republicano, convertido en tiranía constitucional mediante el control de los poderes públicos, y de los medios de comunicación en su función de información e intermediación entre el ciudadano y el gobernante, tal como sucede en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina; con algunas tentaciones, aun contenidas, de unos cuantos gobiernos de la región. Y no hablamos de Venezuela, porque es ya, abiertamente, una dictadura al muy antiguo concepto marxista del Estado, donde se violan masivamente los derechos humanos y se ha sustituido el orden legal por el ejercicio pretorial del gobierno, del partido, y de unas fuerzas armadas constituidas en fuerza de ocupación de su propio territorio y población.

La pretensión totalitaria luego de haber accedido al gobierno mediante un proceso electoral que lo legitima, es una anomalía histórica y una perversidad política. Un conjunto de personas agrupadas en torno a un partido, una propuesta religiosa, económica o ideológica aspira al ejercicio de un gobierno hegemónico para imponer, por cualquier medio, un credo o ideología. Es lo que hace el joven Kim Jong-un, Presidente Eterno de la República Popular Democrática de Corea del Norte (se autodenomina democrática), los Ayatolah de Irán, Mugabe en Zimbawe, los hermanos Castro en Cuba, Putín en Rusia y, ahora el Estado Islámico, sí ése, el que aspira gobernar hasta el Mediterráneo y Europa para imponer el islamismo y sustituir el Contrato Social por el Corán, y con él, la decapitación, la lapidación, el velo, la prohibición del vino, la cerveza, el ron, la música, el traje de baño, la lectura del Señor de los Anillos, la libertad de expresión, el humor y la educación de la mujer.

El estado democrático no es cuestión de un modelo económico, por supuesto parte de la economía de mercado y la libertad. Va más allá de la empresa privada y su derecho a producir dinero, que constituye solo uno de sus derechos y obligaciones, pues debe ser igualmente fuente de probidad y distribución equitativa de la riqueza obtenida dentro de un marco jurídico-político que le facilita generarla, en un equilibrio a lograr entre el capital, la producción y el trabajo, en cualquiera de sus categorías. Lo demás es comunismo, es decir, estatismo, fundamentalismo, totalitarismo. Esa pretensión hay que detenerla.

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