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El comité que ha creado el gobierno para atender el problema de la delincuencia se encuentra obligado moralmente a tratar de encontrar una solución a tan delicado problema que tiene aparentemente en jaque al gobierno. Dentro de dicho comité, y fuera de él  también, hemos escuchado dos versiones antagónicas. Una, que hay  que negociar con las pandillas y la otra, no menos importante por su calificación radical,  de que bajo ningún concepto debe permitirse  una negociación entre gobierno y pandillas.

Y es que los salvadoreños hemos tenido la triste experiencia de estar – esta última semana – bajo el asedio de las pandillas, quienes en su degeneración, han logrado romper todos los conceptos y valores  que rigen las técnicas modernas de los castigos a la delincuencia reconocidos. Se sienten con tal fuerza que pretenden someter al gobierno de la república a una negociación de los valores tradicionales reconocidos por el concierto internacional de naciones.

Dentro de esta increíble propuesta de solución  se ha llegado a proponer por algunos miembros (quienes como todo ciudadano están obligados a conocer las leyes ya que nadie puede alegar ignorancia de la ley…) desconocen las leyes penales de nuestros Códigos) y probablemente basan sus conclusiones  en contextos morales o religiosos. Lo cierto de la delicada situación que vive el país, es que entre los campos religiosos y políticos debe existir una separación absoluta.

A estas alturas del conflicto  todavía me pregunto cómo podría haber una negociación entre Gobierno y pandillas. ¿Será que se piensa negociar territorio? Haber pensado en esa posibilidad significa que el gobierno dejaría de ejercer su poder en terrenos y zonas donde el gobierno renunciaría a ejercer su soberanía y dejaría el territorio en manos de la exclusiva fuerza de las maras, quienes ejercerían las funciones de los tres órganos del estado, con todo lo esa situación arrastraría.

O será que se piensa no negociar territorio sino que actos delincuenciales tales como Asesinatos, extorsiones, robos, lesiones o violaciones.

Puede imaginar el lector que el acuerdo Gobierno Pandillas mostrara una redacción mas o menos asi: “Siendo que el país ha sufrido el presente año un promedio de 25 asesinatos diarios, se acuerda con las pandillas reducir en base a este acuerdo el número de asesinatos a 10 cometidos por las pandillas, y que no serán juzgados por los tribunales comunes de la república”. O de otro modo de mas fácil comprensión “Los primeros diez homicidios de cada mes que se produzcan en El Salvador, que hayan sido cometidos por las pandillas, gozarán del beneficio de la impunidad”

O que le parece mi amigo lector una redacción similar a esta ” De la mitad de las violaciones ocurridas cada mes, solamente podrán ser juzgadas un cuarenta por ciento, en base al presente acuerdo celebrado entre el gobierno y las pandillas” O como en el exceso de buena fe que pretendieron los mediadores de la fallida tregua redactar algo como, lo siguiente: “Las pandillas involucradas en delitos cometidos por sus miembros, tendrán derecho a que el cincuenta por ciento de los procesados, sean exonerados de culpa, por una amnistía o indulto otorgado a su favor,”

Por su parte El Presidente de la República ha declarado enfáticamente que el Gobierno NO cederá ante las exigencias de las pandillas, lo cual aplaudimos. Esperamos que lo cumpla, porque una posición débil nos llevará a una situación mas delicada que puede desbordarse y provocar un caos de incalculables efectos. Se oye ya en algunos sectores que podría ser que esté llegando la hora de denunciar el tratado relativo a la erradicación de la pena de muerte. Si el pandillero no comprende que ellos no tienen licencia para matar, el gobierno puede ejercer el derecho de legítima defensa en favor de sus ciudadanos. Esta situación, de no controlarse, degenerará en mas violencia y mas inseguridad.



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