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Magistrados-Sala-de-lo-ConstitucionalUn mes después de haber inhabilitado a 84 diputados suplentes, anulado la ley de amnistía de 1993 y de haber declarado inconstitucional otra elección de funcionarios de segundo grado, tres magistrados de la Sala de lo Constitucional dicen que continuarán con su trabajo “al mismo ritmo”. Los juristas concedieron una entrevista, el jueves pasado, a Diario El Mundo, en la cual primero explican el fallo que invalidó a los 84 diputados suplentes declarados electos por el Tribunal Supremo Electoral en 2015. Califican de grave que un diputado a quien se le ha transferido el voto por medio del sufragio al propietario no tiene legitimidad para tomar decisiones como el endeudamiento del país. Los magistrados Florentín Meléndez y Sidney Blanco explican por qué ellos votaron para no posponer los efectos de la sentencia y así prorrogar la función de los suplentes.

 

 

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Después de las sentencias polémicas, ha habido denuncias de prevaricato y acusaciones de intereses particulares contra ustedes. ¿Cómo las reciben?

 

FLORENTÍN MELÉNDEZ:

Los ciudadanos que se sienten afectados por las sentencias nuestras tienen derecho de acudir a las instancias que ellos creen que pueden proteger sus derechos. Las personas que tanto vinieron a la Corte Plena o que fueron a la Fiscalía o que pretenden ir a instancias internacionales tienen derecho, esas son parte de las reglas del juego democrático constitucional según su mandato y sus competencias. Nosotros vamos a seguir trabajando al mismo ritmo. Ni las amenazas de destitución, ni mucho menos las de procesamiento penal nos van a detener en nuestro compromiso y nuestra obligación como jueces de seguir atendiendo las demandas ciudadanas y seguir resolviendo conforme a la Constitución. El ritmo de tiempo sigue y también la agenda de los casos en la Sala no tiene que verse alterada por estas denuncias

 

¿Qué sentido tuvo no haber “modulado” la sentencia para permitir que los 84 diputados suplentes siguieran fungiendo como tales?

 

SIDNEY BLANCO:

Este tema de la modulación de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad se ha abordado en otros casos. Si nos ponemos a comparar por qué en este no aplazamos su vigencia hasta que terminaran el mandato y por qué en otros casos no lo hemos hecho, el argumento es que en aquellos casos ha sido por cuestiones muy concretas, por ejemplo, en la Corte de Cuentas se consideró que era necesario permitir que los magistrados pudieran seguir fungiendo para no dejar una institución en acefalía. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012 se adoptó esta modalidad de aplazar la vigencia de la sentencia hasta que la Asamblea realizara una nueva elección por ese mismo motivo para que continuara funcionando. Aquí, nos planteamos que las atribuciones del diputado suplente son las mismas que las del diputado propietario, y permitirles que continuaran realizando actos tan trascendentales para la vida del país por un tiempo excesivamente prolongado, hasta el 2018, nos pareció que esto se distingue o se separa o se aparta de los criterios que habíamos adoptado, por eso por mayoría decididimos que debían separarse de manera inmediata, porque estábamos convencidos de que estos diputados, al carecer de representación popular directa, nos parecía muy grave que continuaran realizando actos como que si fueran auténticos representantes del pueblo sin serlo, y el tiempo en el cual debía corregirse nos parecía excesivamente largo, hasta mayo de 2018. Esa fue la razón por la que decidimos apartarnos del criterio anterior porque no íbamos a dejar en acefalía a ninguna institución. La Constitución no prevé que diputados propietarios y suplentes trabajen simultáneamente, eso nos ha sorprendido ahora, que trabajan simultáneamente. El artículo 131 establece causas específicas, puntuales, por las que podría llamarse un suplente: muerte, renuncia, permiso, invalidez de la elección o imposibilidad de concurrir, no contempla que ambas categorías trabajen simultáneamente, tenemos 84 diputados. Claro, estamos hablando desde el punto de vista jurídico constitucional, que es lo que nos corresponde. Ya las componendas, los acuerdos, en que va a faltar uno por meses o semanas completas sin justificación o sin alguna de las justificaciones previstas en la Constitución, esos son arreglos de los diputados o de la directiva de la Asamblea Legislativa pero que no son las situaciones previstas en la Constitución.

 

FLORENTÍN MELÉNDEZ:

Cuando emitimos una sentencia y tiene efectos, algunos pueden ocasionar un perjuicio a una institución, al país, dependiendo del tema. Nosotros en otros casos habíamos diferido efectos por las particularidades de cada caso, no podemos usar este criterio indistintamente para todos los casos. Por ejemplo, en el caso del presidente del Tribunal Supremo Electoral, emitimos una sentencia con efectos diferidos por unos meses precisamente porque ya se había iniciado el proceso electoral, si la sentencia hubiera tenido efectos inmediatos era previsible ocasionar un impacto en el mismo proceso electoral. Estamos hablando en un proceso que tiene que ver con la voluntad y soberanía popular. En el caso de los diputados, hicimos otro tipo de valoraciones: una, el número considerable de diputados, la gran mayoría de decisiones legislativas requieren 43 votos y que la votación calificada requiere o 56 o 63 votos. En cualquiera de estos tres supuestos había diputados suficientes para adoptar las decisiones  y era previsible que el perjuicio en la Asamblea no iba a ser tal. Se ha demostrado en un mes que no ha habido tan perjuicio porque los diputados propietarios son los llamados por el pueblo para que los represente en las tareas legislativas cotidianas, la Asamblea ha seguido funcionando con diputados propietarios y qué bien porque son los que el pueblo directamente  ha elegido para que apruebe leyes en su representación. El efecto diferido no fue un capricho ni mucho menos una mala intención de causar un perjuicio, no hemos alterado la representación popular y están haciendo uso de los diputados suplentes en calidad de asesores, pero, bajo ningún concepto en tareas estrictamente legislativas, que impliquen procesos de aprobación de ley y mucho menos de reforma constitucional.

 

¿Por qué no resolvieron antes cuando ordenaron el sistema de listas abiertas, ordenando que se votara por rostro?

 

FLORENTÍN MELÉNDEZ:

Porque en este caso tenemos una proximidad más cercana al tema de la legitimidad o no del diputado suplente electo, esto es así por el mismo texto de la Constitución, el artículo 80 expresamente menciona cuáles son los cargos de elección popular (presidente, vicepresidente, diputados, miembros de concejo), pero también estaba en discusión otra disposición que tenía que ver con la aprobación del decreto sobre la colocación de títulos valores de crédito. Hay una disposición que se refiere a los empréstitos y vemos la proximidad del alegato con lo que hemos fallado, dice la Constitución que cuando se van a aprobar este tipo de decretos la Asamblea no podrá aprobar con menos de dos tercios de votos de los diputados electos. El artículo 148 junto con el artículo 80 nos dio base para entrar a conocer sobre los diputados suplentes, su falta de legitimación y que los efectos fueran  inmediatos para evitar que siguieran incurriendo en este vicio constitucional que en algunos casos podía convertirse en un vicio grave, que es votar reformas constitucionales por personas que no tienen calidad de representantes del pueblo.

Sidney-Blanco

Históricamente los diputados suplentes han tenido fuerza decisoria pese a no estar en las papeletas de votación. ¿Han roto un sistema de arreglo legislativo de 168 personas?

 

RODOLFO GONZÁLEZ:

La Constitución le da unas atribuciones muy importantes a la Asamblea y la jurisprudencia que trae la Sala desde hace seis años en el que por primera vez estableció voto por rostro tiene consecuencia importante y es la rendición de cuentas, seguramente no en todo el territorio nacional pero hay una parte de la población que está muy pendiente casi dándole seguimiento día a día a su diputado a quienes eligió por rostro, y sus aciertos y desaciertos van a tener una incidencia en el próximo evento electoral, lo que a veces se denomina el voto de castigo o premio, renovándole el mandato. Eso implica que en la toma de decisiones, en términos de impuestos, elección de funcionarios y toda la legislación, que intervengan diputados que sí están sujetos a ese examen y rendición de cuentas. El punto de partida de todo eso es que en el momento de la elección se haya conocido quién es el candidato, qué proponía individualmente o si iba en una lista de partidos, qué propone el partido. Vinculado con esta jurisprudencia están otros temas colaterales, pero que en nuestra visión confluyen en lo mismo, por ejemplo, que no puede aprobar el acuerdo de reforma constitucional después que ya se hizo la elección que configura la segunda legislatura, por ejemplo. O que no puede la legislatura saliente hacer una elección de funcionarios de segundo grado, de Fiscal, procurador general o un tercio de la Corte, porque se supone que el candidato propone también el perfil de funcionarios de segundo grado. Esto se desdibuja, se desfigura, cuando sin exponer ninguna de las causales de la Constitución, imposibilidad de concurrir, renuncia, nulidad de elección, de repente aparece en el Salón Azul en una plenaria alguien que no recibió el voto popular tomando decisiones de las encomendadas al órgano legislativo. Parte del procedimiento fue pedirle a la Asamblea que nos mandara el documento de la sustitución de la diputada Sandra Salgado y ahí nos enteramos, porque no está en el reglamento de la Asamblea, es una práctica interna, es un formato que simplemente dice dice: ‘Junta directiva de la Asamblea’, lo firma el coordinador del grupo parlamentario, ‘Pido que el diputado espacio sea sustituido por el diputado suplente espacio’. No dice ninguna justificación de por qué se está haciendo el cambio. En el caso concreto, alguien que seguramente lo conocerán la gente al interior de su partido y voy a decir quizás en el departamento, no lo sé, pero en la papeleta no estaba, en términos de rendición de cuentas ¿cómo se controla alguien que de repente aparece y es el voto decisivo para endeudar al país en $900 millones?

 

Pero ese sistema de sustitución se practicó históricamente…

 

RODOLFO GONZÁLEZ:

Pero eso debilita la rendición de cuentas. Cuando un diputado sin una de las causales (de la Constitución) de repente aparece, siendo el voto decisivo, la rendición de cuentas se debilita. Imagínese, un grupo de ciudadanos que quiere pasar factura, ¿a quién?, a un diputado suplente que solo aparece y desaparece en la toma de decisiones. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral nos explicó que el voto se le traslada de los propietarios a los suplentes. Esta sentencia va coherentemente con la idea de que se vota por la persona y a ella se le va a exigir rendición de cuentas, en el día a día, se le deduce responsabilidad a quien se le dio el voto, pero al suplente no hay manera de exigirle rendición de cuentas. La lógica de nuestra jurisprudencia ya no es frente al partido sino frente a la persona.

 

En cuatro preguntas

¿Han afectado la correlación de la Asamblea Legislativa?

Florentín Meléndez: No hemos roto ningún tipo de correlación en la Asamblea, no tenemos facultad constitucional para hacerlo, el único que tiene facultad constitucional es el pueblo. Cuando ello sea regulado, será el ciudadano el que distribuirá el número de suplentes y el tipo de suplentes… Nadie ha electo diputados suplentes en este país. Este tema es de tal notoriedad que no amerita mayor discusión, sencillamente hay que ponerse a trabajar como sin duda lo están haciendo los diputados propietarios. A partir de 2018 todo queda normal.

 

¿Cómo se imaginan la legislatura a partir de 2018, los candidatos a suplentes se interesarán por hacer campaña separada?

Florentín Meléndez:No tendríamos nosotros como jueces que hacer valoraciones políticas de cómo van a ser las campañas, eso será la Asamblea y el TSE los que tendrán que prever cómo van a organizar el sistema de votación.

 

¿Es posible un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Florentín Meléndez: El sistema internacional de protección de derechos humanos, comparado con los sistemas de justicia constitucional, exigen requisitos. Uno es el agotamiento previo de recursos prestablecidos en la ley, ese requisito se exige para las instancias internacionales, no se puede ir directamente a la Corte Interamericana. Al igual, aquí, las personas si se sienten agredidas no pueden venir directamente a la Sala de lo Constitucional sin antes haber agotado los recursos idóneos.

 

¿Cómo quedarían los recursos de amparo ante Corte Plena?

Rodolfo González: Sobre eso ya hay jurisprudencia. El señor Javier Tránsito Bernal, que quedó cesante como consecuencia de una sentencia de inconstitucionalidad, promovió un amparo ante la Corte basándose solo en un solo artículo de la Constitución, que dice que la Corte conocerá de amparo, y obviando otros dos artículos, que dice que la demanda de amparo se presentará ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional y es competencia de la Sala resolver los amparos. Fue hasta noviembre del año pasando que Corte Plena resolvió declarándose incompetente. Ahí hay intervenciones de diputados constituyentes que dijeron que aunque el artículo 182 dice que el amparo es competencia de la Corte, hay otros artículos que aclaran que no es Corte Plena, sino la Sala. En todo caso, respetamos la competencia de Corte Plena. En este caso nos separamos y llamamos suplentes.

 

Florentín Meléndez: Tenemos que tener una visión sistemática de toda la Constitución y no leer de manera aislada la Constitución. Leer aisladamente el artículo 182 olvidándose del resto de la Constitución es hacer una lectura equivocada.

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