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En un sistema democrático, es consustancial la existencia del Estado de Derecho, puesto que éste es aquel Estado en el cual las instituciones funcionan y se rigen irrestrictamente por la Ley, y no por el de los deseos o caprichos de individuos o intereses particulares. Puesto que la Ley representa la voluntad de las mayorías, las leyes votadas y aprobadas, son la muestra objetiva del funcionamiento (aunque sea sólo formalmente) del sistema democrático, ergo, cuando las instituciones se apegan y funcionan en base irrestricta a la Ley, ello implica que lo hacen conforme a la voluntad de las mayorías, por tanto nos encontraremos en este caso a un funcionamiento democrático de las instituciones, y es a esto a lo que se le conoce como “Estado de Derecho”.

En cuanto al Órgano de control Constitucional, la Sala es la máxima autoridad en materia de interpretación Constitucional, la cual se hace acorde con la naturaleza del texto constitucional, por lo cual la interpretación del mismo es histórico, sociológico, comparado y filosófico. Sus potestades interpretativas son completas, únicas, últimas, incontrovertibles y por supuesto indelegables. En un Estado de Derecho, esta parte de la Institucionalidad del Estado verifica su funcionamiento, precisamente actuando e interpretando conforme a la Constitución, y es entonces para ella esta conducta su “actuar” dentro del Estado de Derecho.

Recientemente, la Sala admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que, casi en las postrimerías de la legislatura pasada, aprobó más endeudamiento público por $900 millones. La Sala asimismo dictó una medida cautelar ordenando que provisionalmente se detuviera cualquier emisión de deuda proveniente de dicho decreto mientras se tramita el proceso, ergo, no hay sentencia firme.

El gobierno de la República se ha dado a la tarea casi sistemática (que ya se volvió costumbre reiterada) de arremeter contra la Sala acusándola de cualquier cantidad de responsabilidades en cosas que sinceramente rayan hasta en lo absurdo. Pero lo que ya es inaceptable es que se utilicen fondos públicos para financiar una campaña mediática de ataques por parte de un Órgano del Estado contra otro Órgano del Estado, esto no es ni ético ni tolerable, especialmente en un contexto adonde el Gobierno de la República sabe dos cosas: Que la Sala de lo Constitucional no saldrá a hacer cosa parecida públicamente contra el Ejecutivo, por un lado, y pretender poner en forma maliciosa a la opinión pública en contra de la Sala, sin ser honesto con la población en decirle que dicha resolución ni es sentencia definitiva y que además tiene como fundamento una actuación legislativa que ha sido demandada como inconstitucional, y sin decirle que de los tales $900 millones, el 80% va para pago de deuda pública y no para seguridad u otros gastos sociales.

Y ellos lo sabían, sabían cuando hicieron esa aprobación en contravención al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (que aún no sé por qué le siguen llamando reglamento si es una Ley de la República), y sabían muy bien que esa forma de utilizar a los suplentes de los partidos como si fueran “comodines” ni es correcto ni es constitucional. Ellos demandaban y se quejaban todo el tiempo de las barbaridades legales, los “madrugonazos” y otros desmanes que hacía el antiguo bloque de derecha (lo cual es cierto).

Pretender que las facultades legislativas son ilimitadas y no controladas, que no existe para el caso un “debido proceso de formación de la Ley” (como la malsana costumbre de usar para cualquier cosa la dispensa de trámite), que puede legislar como quiera, en relación a lo que quiera y bajo el procedimiento que quiera, simplemente por ser el órgano legislativo. Dicha manera de proceder es contraria al verdadero Estado Constitucional de Derecho, adonde todas las actuaciones administrativas y legislativas están sometidas al control de la Justicia Constitucional. Lo que sucede es que lo que ocurría en tiempos del antiguo “bloque de derecha”, es que la Sala de lo Constitucional estaba plegada a los intereses de los otros Órganos de Estado, no había una verdadera independencia, estaba al servicio de la partidocracia.

Finalmente no se dan cuenta que políticamente no les conviene estar creando “olas” de tensión contra la Sala de lo Constitucional ni hablar de querer reformar leyes para “amarrarla”, en un contexto de manifestaciones populares contra la partidocracia y la corrupción en nuestros países vecinos ¿Ya se les olvidó el 743 y lo que creó? Aunque sea por conveniencia política deberían de parar esa absurda campaña de ataques furibundos contra la Sala, porque creo que es intentar “darse un balazo en el pie”.

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