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Max-Mojica

Foto: DEM

A criterio del abogado Max Mojica, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que carga el consumo telefónico fijo y móvil del 5 %, y la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, que grava el 5 % sobre el monto total de las ganancias netas arriba de $500 mil, son inconstitucionales. Mojica sostiene que no son contribuciones especiales y cree que el Gobierno está mandando mensajes de que ser rico es malo y está alejando las inversiones extranjeras. Para el abogado, el Gobierno no tiene problemas financieros, sino de eficiencia y transparencia en el manejo de los fondos.

¿Qué vicios de inconstitucionalidad puede tener el impuesto a telefonía y el impuesto a las ganancias destinados para la seguridad pública?

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Los vicios de inconstitucionalidad que tienen ambas figuras son idénticos. Porque se desprenden de un mismo concepto, las obligaciones que tiene el Estado frente al ciudadano. La contribución especial es un tipo de carga tributaria que se distingue de los otros dos tipos de cargas tributarias: uno son los impuestos como tal y otras son las tasas. La diferencia radica en la siguiente: el impuesto es una prestación de tipo genérico, el ciudadano lo paga y no recibe una contraprestación identificable. Usted al final del año como empleada paga su renta, pero no recibe algo de parte del Estado que usted pueda individualizar, es decir, no recibe una calle que es suya o no recibe una cama de un hospital, sino que recibe una contraprestación de tipo genérico. La contraprestación de tipo genérico sirve para cumplir el rol del Estado establecido en la Constitución. ¿Cuál es el rol del Estado?, proteger la vida humana, proteger la propiedad, proteger a sus ciudadanos, darles educación, darles salud, es cómo el Estado cumple su obligación por medio de los impuestos. El otro tipo de gravamen son las tasas, usted las paga y recibe algo identificable a cambio, por ejemplo, las tasas municipales de alumbrado eléctrico o de manejo de desechos sólidos, usted saca su basurita de su casa, pasa el camión de la basura y usted está pagando por ese servicio. ¿Qué pasa con la contribución especial? Es algo que queda en la mitad de los dos conceptos, impuesto y tasa. La contribución especial es cuando el Estado presta un servicio de tipo especial, desarrolla una obra de tipo especial que beneficia al ciudadano de forma directa, ya sea por el hecho de pertenecer a una comunidad o sector específico. Por ejemplo, el Estado va a establecer una contribución especial para construir el puente de Oro, es para un fin específico, para beneficiar a una comunidad específica. El problema es que la seguridad no es un beneficio que el Estado le da a un ciudadano de forma aislada, constitucionalmente el rol del Estado es dar seguridad a sus ciudadanos. Usted (Estado) no le puede decir al ciudadano: ‘Mira, si no me pagas, no te doy seguridad, educación, salud’. El aporte a seguridad es realmente un impuesto porque usted viene y le paga al Estado por una contraprestación difusa. Adicionalmente, ¿quiénes van a pagar el impuesto a la seguridad?…

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Foto: DEM

¿Quiénes pagarán el impuesto a la seguridad?

¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Acaso solo los usuarios de internet necesitan la seguridad? La seguridad la necesitamos todos. Entonces, lo está pagando alguien, pero al pagarlo va a beneficiar a la colectividad. Entonces, usted ya va determinando que realmente le están queriendo decir ‘contribución especial’ porque ya no le pueden seguir metiendo impuestos a la gente. Lo quieren llevar a que las telefonías paguen un sector, que va a beneficiar a todo El Salvador. Eso que es una carga tributaria injusta, no injusta en el concepto, sino injusta desde la perspectiva que un sector va a soportar la carga de toda la seguridad de la nación, tomando en cuenta que no puede ser contribución especial porque es una obligación del Estado y tampoco usted puede estar poniendo impuestos de forma sectorizada, por eso se convierte en un evento inconstitucional.

Segundo punto, veamos los objetos de la ley. Cuando usted entra al análisis, en el artículo 1, usted va a notar que dice: ‘Con esta contribución especial, nosotros vamos a: mejorar la salud, la prevención de los menores, mejorar programas educativos para prevención… Y finalmente seguridad’,  y ¿qué es lo que sucede?, que la contribución especial deja de ser especial, porque con esa finalidad tan amplia, usted puede agarrar ese pisto y meterlo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, donde quiera, al final de cuenta puede agarrar un pucho y meterlo a la Policía Nacional Civil (PNC), pero el asunto es que ya no es contribución especial, es un impuesto disfrazado y ya deja de ser especial.

¿Es inconstitucional, entonces, el impuesto?

Entonces, no tiene sentido la norma, desde la perspectiva constitucional, porque no está creando una carga específica y temporal para un fin específico, sino que está dando un impuesto disfrazado de forma que eventualmente se va a convertir en permanente, porque está conceptualizada para cinco años. ¿Cuál es el fin de este impuesto? Cubrir la enorme necesidad de dinero para gastos corrientes, porque el gobierno gasta demasiado y todo el dinero que tiene lo utiliza de forma ineficiente. Los ingresos ordinarios del Estado son $17 mil millones, entonces, ¿de dónde va a decir ahora no tiene plata?, y si le suma los créditos llegamos a $21 mil millones. La pregunta del millón es: ¿Estamos frente a una real necesidad de fondos o ante un tema que se combina eficiencia, eficacia y transparencia de fondos? No me cabe ni la más mínima duda que estamos en un problema de eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los fondos.

¿Y qué acciones se requiere? ¿Se trata de cambiar administradores en las carteras de Estado?

Usted no le puede pedir peras al olmo. Usted no le puede pedir a personas que ocupan ahorita cargos públicos, puestos a dedos, que sus perfiles no se adecuan. Si usted pone un mal gerente en una empresa, usted va a quebrar. Entonces, uno de los problemas que adolece El Salvador no es un tema estrictamente del FMLN, es un tema que han adolecido todos los gobiernos históricamente: ARENA, PCN, PDC, que es un tema que se conoce como compadrazgo, que yo pongo a mis cheros, a mis deudores políticos, a mis sectores de camiseta sudada, a mis hombres de confianza. La realidad es que no puede haber eficacia y eficiencia en el manejo de los fondos, si hay personas que no tienen las capacidades necesarias para que eso suceda.

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Foto: DEM

El Gobierno sostiene que el impuesto a las ganancias solo afectará a los ricos. ¿En qué medida es cierta esta afirmación?

El impuesto a las ganancias va a afectar al gran capital. Creo que cuando en el discurso oficial se habla de ricos, se habla de oligarquía, lamentablemente no se habla como distinción económica, sino como una especie de insulto. Al final de cuentas la sociedad percibe de que llamarse rico, uno se debería de sentir mal, y el capital no hace a una persona ni buena ni mala, es un instrumento económico que una persona con capacidad puede expandirlo, y una persona sin capacidad puede destruirlo. El impuesto escondido, esta contribución especial, va a gravar el gran capital productivo, porque no es la tenencia la que se grava sino la ganancia. Usted puede tener riqueza, terrenos, dinero depositado en el banco, eso no se grava, se va a gravar al que produce.

¿Cuál es el mensaje que manda el Gobierno de El Salvador al sector productivo?, que aquí no tiene cuenta ser productivo. Si usted fuera un rico porque tiene un montón de activos, pero no produce, a eso no le va pasar nada, pero si usted se levanta temprano, trabaja, se arriesga y gana, a ese le cae. Ese el primer mensaje, que ser rico es malo. El segundo mensaje es: si quiere venir a invertir a El Salvador, aquí la tasa es del 40 %, porque las empresas van a pagar 30 % de impuestos sobre la renta, 5 % a las ganancias netas y luego 5 % en la parte de utilidades. El discurso del Frente es que en Suecia pagan el 45 %, países nórdicos tienen carga tributaria del PIB del 57 %. El asunto es de que usted estimado lector, cuando paga    50 % de su in­greso en países nórdicos, no está preocupado de la delincuencia ni le matan a sus hijos, tiene calles en buen estado, va a un hospital y hay camas y le dan medicinas.

¿El Gobierno tiene suficiente dinero para dar seguridad a los salvadoreños?

Sí, lo tiene. Es un tema de eficiencia, de transparencia en el manejo de los fondos. Los números ahí están, las cargas tributarias se cumplen, aquí persiguen a los evasores, la presión que ejerce el Estado es bastante fuerte.

¿Hay evasión de impuestos?

Sí, existe una afirmación de que hay un sector que evade impuestos, pero no son todos, si tienen todas las herramientas jurídicas adecuadas, ¿por qué no hay persecución y dicen: ‘Este empresario está robando al pueblo’. Lo están haciendo, hay auditorías permanentes, lo que sucede es que: ¿a quién prefieren ellos auditar? Claro, a una cadena gigante de supermercados, de ferretería, a los bancos, ¿por qué? Porque es fácil ir a buscarlos, pero ir a perseguir a los empresarios medianos, eso no les gusta. ¿Usted cree que eso no le generaría problemas al partido de gobierno si se van a auditar a la micro empresa y al sector informal, que mueven millones en contrabando, y ahí nadie llega. Además, ir a perseguir un pequeño empresario que evade no le tiene cuenta económica.

¿Qué opciones de financiamiento debería buscar el Estado para hacer sostenible el presupuesto de la seguridad, si tiene otros problemas financieros como la crisis de pensiones, la deuda galopante en las alcaldías?

Es que ya no podemos seguir buscando financiamiento, ya no podemos seguir gastando, ya topamos la tarjeta. El Estado lo que tiene que hacer es sentarse con los tecnócratas y con la empresa privada, y decir: ¿Cómo salimos del hoyo? Busquemos soluciones técnicas que necesariamente pasan por dos circunstancias que al Estado no le gustan: la primera es transparencia, la segunda es disminución del tamaño del Estado, solo la carga de empleados absorbe aproximadamente el 57 % del presupuesto, y finalmente es cortar subsidios.

¿Es viable un impuesto predial?

¿Y por qué nosotros vamos a pagar las malas administraciones de las alcaldías? ¿Por qué un alcalde tiene un nivel de irresponsabilidad de venir a endeudarse sin poder pagar? Me consta, hay muchos alcaldes que no hacen gestión de cobro en sus municipios, llegan y se sientan, y empiezan a endeudarse o que el Gobierno pague con el Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades).

Perfil
Max Mojica es abogado, graduado de la Universidad “José Matías Delgado”. Se ha desempeñado como asesor de los juzgados Cuarto de lo Civil y Cuarto de lo Penal de San Salvador.
Posee diplomados en materia fiscal, maestría en leyes y administración, y estudios internacionales en la Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Austral de Argentina, y la Universidad de Cambridge de Inglaterra. Es miembro fundador de la Asociación Salvadoreña de Propiedad Intelectual y miembro del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

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