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Editorial & Opinion

¡No más impuestos ni deudas!

Armando Rivera Bolaños/Abogado y Notario

martes 6, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINION

Cuando el general don Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder, mediante un golpe de Estado contra el ingeniero Araujo, protagonizado por la juventud militar de esa época (diciembre de 1931), encontró que sobre el país pesaba un oneroso empréstito insoluto que provenía de administraciones anteriores, el cual saldó en corto tiempo y sugirió, que en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, entonces ubicado en la segunda planta del Palacio Nacional, se colocara una placa de bronce donde rezara que “nunca más El Salvador volvería a enajenar su hacienda pública con préstamos extranjeros”.

Asimismo, para evitar que la economía salvadoreña no sufriera altibajos con los vaivenes de otras economías, aprobó una ley estableciendo el Colón como moneda oficial de la república y fundó el Banco Central de Reserva, al que confirió la facultad exclusiva de emitir la moneda nacional, prohibiendo a los demás bancos imprimir sus  billetes privados, incluyendo a las famosas “fichas”  metálicas, con las cuales se pagaban a los jornaleros de fincas y haciendas, únicamente válidas en cada heredad particular.

Hombre sagaz, muy dado a la lectura, la docencia y las reflexiones filosóficas, Hernández Martínez se rodeó siempre de profesionales muy capaces e inteligentes de su tiempo, recurriendo incluso a convocar aquellas históricas “juntas de notables”, cuando el país afrontaba dificultades muy severas, aunque sabía, de antemano, que algunas de esas personalidades no comulgaban con su manera férrea de gobernar la patria, a cuyo interés y bienestar le concedía su principal objetivo, desatendiendo móviles partidarios. Por lo menos, eso es lo que han escrito connotados historiadores, donde es infaltable que se mencionen sus errores, que como todo hombre estuvo sujeto a cometerlos, dentro de los márgenes de la imperfección humana. Y hago esta aclaración, pues por esos años yo era un niño de corta edad.

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Traigo al recuerdo a ese gobernante, porque por medio de los periódicos, informes del BCR y demás bancos del sistema, datos estadísticos, balances de financieras, notas de calificadoras internacionales, etcétera, cualquier ciudadano promedio, con un poco de concentración y “dos dedos de frente”, puede darse cuenta que la situación económica de El Salvador, en términos generales, pero en el plano privado, no se encuentra tan arruinada, como para pensar en una parálisis global de la actividad productiva, o que luego llegaremos al “default” por falta de recursos, o que entraremos pronto a “un corralito”, como le pasó tristemente a  los hermanos argentinos, durante las administraciones desastrosas de los esposos Kirchner. Leyendo u oyendo esas noticias bursátiles, o escuchando atentamente a economistas reconocidos, así como a los exponentes de varios “tanques de pensamiento”, quedamos claro que el país aún sigue activo, con un pequeño crecimiento del PIB, pero crecimiento al fin, con firmes expectativas de trepar en el futuro próximo. Que no hemos llegado aún al paroxismo de la escasez alimentaria y de insumos médicos que abate actualmente al noble y fraterno pueblo venezolano. Incluso, hay informes de respetables ingresos e inversiones por muchos millones de dólares, considerando en ellos los rubros esperanzadores del turismo e industria.

Sin embargo, el análisis no es igual cuando se aborda, con datos y cifras irrefutables, que el problema principal en lo económico proviene y se mantiene dentro del gobierno. Todas las líneas de  análisis convergen en señalar un despilfarro desordenado, masivo y abusivo; incremento de plazas innecesarias para emplear adeptos al oficialismo, con partidas jugosas; una galopante corrupción, enriquecimientos ilícitos y “compra de voluntades” mediante entrega clandestina de sobresueldos, aparte del desvío de recursos hacia otras áreas no acordadas, como ha sucedido con el Fovial y los dineros presupuestados para cancelar el Fodes a las municipalidades. Es evidente que no existe una política efectiva de austeridad y hay una total ausencia de planificación sensata y científica de las finanzas estatales, con elaboración de “presupuestos desfinanciados” que después necesitan de “endeudamientos emergentes” e invención de más impuestos, que los diputados aprueban “a ojos cerrados” sin pensar en el daño que, a la postre, ocasionarán a la nación entera. Eso es lo que urge remediar antes que las futuras generaciones escupan del libro de la historia los nombres de quienes les dejaron deudas que ellas nunca adquirieron…


 




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