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OPINIONLas llamadas “controversiales” sentencias de la Sala de lo Constitucional han provocado un hervidero de opiniones y de actitudes que reflejan las emociones que naturalmente provocan los recuerdos más refulgentes de las graves violaciones a los derechos naturales de los pobladores de nuestro territorio, que vivieron en sangre propia la lucha armada por obtener el poder político de nuestro país.

Llegado un momento crítico en que los combatientes no podían obtener una clara victoria sobre su contraparte, surgieron ideas para dar fin a las hostilidades y procurar dirimir los cuestionamientos sobre los intereses de la nación en forma pacífica, como seres racionales. De ahí nació una propuesta de dialogar para establecer un método que pudiera allanar un camino para lograr el ambicioso objetivo de convencer a las partes que existían otros caminos –sin violencia ni muerte-, que llevara tranquilidad a la nación y, finalmente, la paz.

De esa forma se pudieron encaminar unas pláticas entre los grupos inconformes y beligerantes, que culminaron con la firma del tratado suscrito en Chapultepec, México, en 1992. De ese entonces ha transcurrido un cuarto de siglo y en el país ahora gobierna la fuerza que disputaba el poder en esa época. Entretanto, la generación actual, que ronda la edad promedio de 30 años, desconoce lo que ocurrió para que se diera la guerra, sus crueles efectos y el dolor de quienes sobrevivieron a las acciones y destrucciones que, en aquellos trágicos momentos, se desarrollaron.

Elementos esenciales para llegar a los arreglos que permitieron el cese de la violencia fueron: una ley de amnistía que garantizaba la no existencia de revanchas posteriores y el respeto a la Constitución de entonces, que garantizaría la continuación de la vida del país en un ambiente de democracia y libertad. Pese a lo acordado en aquellos momentos en que El Salvador se desangraba irremisiblemente y la violencia ascendía a niveles increíbles, se logró detener en forma gradual, pero relativamente rápido, la orgía de sangre y destrucción que sufría el país.

En la actualidad, las fuerzas políticas han entrado en una lucha pacífica, pero no por eso menos dramática, con posiciones radicales que aparentan poner en peligro lo que hasta ahora se ha cumplido en los acuerdos, y pareciera que pretende buscar fisuras en lo que se logró con la sangre de 75,000 salvadoreños y otros extranjeros. Elementos radicales hacen llamados a no cumplir con resoluciones de la autoridad constitucional, lo cual sería grave violación al espíritu de los acuerdos, lo que provocaría un peligroso elemento que podría desembocar en el rompimiento de la institucionalidad del estado, el cual estaría a un  paso de instalar una dictadura –o volver a una guerra que echaría por tierra todos los avances logrados en los últimos años-.

Lo más grave y triste de esta peligrosa coyuntura es que, siendo El Salvador soberano, libre e independiente, sean algunos extranjeros quienes llevan gran parte de la responsabilidad de provocar este desasosiego -religiosos o laicos- con irrespeto mayúsculo para los salvadoreños. Argumentos vagos y mal intencionados -disfrazados de jurídicos- ponen en peligro la estabilidad de la nación, al proponer la reactivación de casos ya encaminados al olvido real de la población, que es lo que verdaderamente traerá la paz y tranquilidad de nuestro país.

Tan absurdo como querer enjuiciar los hechos violentos de 1932 sería intentar revivir los hechos sucedidos en los años 70- 80, con el disfraz de conceptos como delitos de lesa humanidad, justicia restaurativa o como se le quiera llamar, pero con dedicatoria contra la ideología de derecha, como si las barbaridades cometidas por quienes ahora gobiernan fueran poca cosa.

Es por ello que mucha gente se da cuenta de que nos llevan por el rumbo de la izquierda y hacia esta, pero que siempre habrá oposición para el totalitarismo izquierdista. Tenemos la firme certeza que instalar aquí una dictadura del proletariado no será de un día para otro. La mayoría de la población no lo permitirá.

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