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Editorial & Opinion

Nueva integración de la Sala de lo Constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: René Hernández Valiente

viernes 28, abril 2017 - 12:00 am

En 1991 se introdujeron reformas a las disposiciones de la Constitución de 1983 sobre el Órgano Judicial, orientadas a fortalecer su independencia y eficiencia en la salvaguarda de los principios constitucionales y la realización de los postulados del Estado de Derecho.

Con el fin de mejorar la normativa en cuanto a la gestión de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se estableció un período de nueve años para la duración de sus funciones, medida destinada a robustecer la estabilidad de los cargos y evitar la coincidencia del término del ejercicio con el quinquenio del Presidente de la República, contemplándose además que podrían ser reelegidos (Art. 186 Cn).

En la conformación por Salas de la CSJ, se fijó que la Sala de lo Constitucional (S de C) estaría integrada por cinco Magistrados, y que su Presidente sería elegido en cada ocasión que hubiera de nombrarse Magistrados, correspondiéndole simultáneamente ser Presidente de la CSJ y del Órgano Judicial.

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Para conjurar en forma definitiva el riesgo de dependencias y enlaces políticos, se dispuso que los Magistrados se renovarían por terceras partes, por lo cual, hay que sustituir a cinco de ellos cada tres años. Se consideró que ese sistema, llamado “de renovación progresiva”, añadiría ventajas adicionales, dado que si se adoptase un sistema de renovación total al vencerse el plazo común de nueve años, podría darse la situación inconveniente que todos o la mayor parte de los Magistrados estuviesen en periodos de iniciación o adaptación.

En cambio, el sistema de renovación progresiva permitiría que en todo momento la Corte contara con Magistrados experimentados, sin exigirse “inducción” al cuerpo de ilustres recién llegados.


Por eso, la aludida reforma al artículo 186 Cn. se complementó con la disposición transitoria del artículo 39 del Acuerdo de Reformas Constitucionales, según el cual  para la primera elección conforme a la nueva organización de la Corte, se distribuirían los mandatos de los Magistrados de las diferentes Salas en tres, seis y nueve años, lo cual  así se hizo para poner en marcha el mecanismo aplicado.

Sin embargo, en el transcurso de los subsiguientes procesos de elección de Magistrados, circunstancialmente se rompió el método de renovación en su equilibrio distributivo por Salas, y como consecuencia de ello en la próxima elección por la Asamblea Legislativa de cinco Magistrados, en el 2018, habrá relevo de cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional.

En esa perspectiva, surge la preocupación de que la S de C –tribunal de relevancia por los efectos globales de sus sentencias– podría ser formada en su amplia mayoría por abogados sin la deseada experiencia jurisdiccional directa en la materia constitucional o incidir en el equilibrio político en el escenario nacional.

Como los Magistrados salientes han declarado que no buscarán su reelección, se agudiza la incertidumbre de que la S de C sea integrada por juristas de criterios disímiles a los actuales, y que podría afectarse su autonomía e independencia, consagrada en el artículo 172 Cn.

En consecuencia, el proceso electoral en ciernes adquiere una importancia crucial y moviliza intereses múltiples, al grado que surgen nuevas asociaciones gremiales para proponer candidatos de su simpatía particular, o de supuestas tendencias afines o alineadas; y se producen sesudos estudios de fuentes diversas enfocados a superar deficiencias advertidas en los esquemas diseñados. Del proceso resultarán 15 precandidatos designados por las entidades representativas de los abogados, que organizará la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y otros 15 propuestos directamente por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que presentará el listado a la Asamblea Legislativa.

Las posiciones contrapuestas en la Asamblea por la polarización política existente, así como el requisito que la elección por ese Órgano requiere de 56 votos mínimos, impone que las fracciones se pongan de acuerdo respecto a los abogados a elegir, lo cual será sumamente difícil.

Por tanto, la selección de los 30 aspirantes y de los cinco Magistrados, tiene que centrarse en profesionales que tengan idoneidad y méritos evidentes, para evitar incurrir en una Sala de lo Constitucional sin señorío, de bajo perfil, marcada por la politización y el reparto de “cuotas”.




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