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El Gobierno acaba de anunciar la iniciativa de ley para grabar con el 10 % la facturación de todo servicio de telefonía fija o móvil (pospago), pago por facturación de servicio de televisión por cable o inalámbrico, también irán grabadas con el impuesto las cargas de saldo para telefonía fija o móvil prepagada, se pagará al momento de la carga o se descontará saldo.

Además de ello, en el paquete se ha incluido la compra de nuevos aparatos telefónicos, tabletas, tarjetas que usen SIM y otros accesorios. Por compra de accesorios para aparatos telefónicos. Pago por servicios de transmisión de datos entre dos o más puntos. Importación de dispositivos tecnológicos, terminales, aparatos, y accesorios. Las llamadas de cobro revertido, aquellas que se pagan en el país. Todos los servicios de telecomunicaciones contratados en el país y por ultimo roaming o intinerancia.

De manera  que con ello el Gobierno pretende obtener 140 millones de dólares anuales, cuyo tributo ha sido denominado “contribución especial”, que por su naturaleza consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Sin embargo llama la atención que la “contribución especial” sustituye el principio de la capacidad económica por el del beneficio. Esto es, no paga más el que más tiene, sino que paga más el que más se beneficia por la obra o servicio que pretende abarcar dicho impuesto. Dicho de otra manera el problema de seguridad, es de todos, pero al aplicar un impuesto de esta naturaleza de forma discrecional, se afecta únicamente a una parte de la población, y no a los que deben de pagar más por el privilegio de la seguridad.

Por ejemplo, los que mayor beneficio obtendrán sobre la seguridad, es la empresa privada, el Estado como aparato, los inversionistas extranjeros y por último el pueblo, pero de forma marginal, en ese sentido un nuevo impuesto debe diseñarse y pensarse no en función de una coyuntura económica fatal, debido a la mala administración, sino que debe implementarse de forma integral, que replique los principios de justicia, equidad, e igualdad, tal como lo establece el Código Tributario vigente.

En consecuencia el Gobierno, tiene que pensar en reformas tributarias integrales que le permita alcanzar sus objetivos, de forma técnica y dejar de poner parches a los presupuestos y a las obligaciones contraídas por el Estado de El Salvador, por ello es fundamental revisar el gasto corriente que se está teniendo en la actualidad, ya que las finanzas públicas son como un gasto familiar, si se tiene de ingresos $600 al mes,  y se gasta $800 es obvio que tarde o temprano se caerá en un agujero financiero.

De modo que se debe de hablar públicamente sobre la responsabilidad fiscal y comprometer al Estado que se apriete el cinturón, ya que es muy hipócrita hablar de un nuevo impuesto, cuando los diputados acaban de destinar para el ejercicio 2016 $4.3 millones de dólares, que comprende prebendas y bonos, sin contar la flotilla de vehículos que compraran la Junta Directiva de la Asamblea.

En ese sentido también se debe de discutir sobre la modificación de las tasas impositivas actuales, por ejemplo la tasa del IVA ya no responde a las necesidades actuales, por ello es fundamental que haya un aumento al 15 %. Claro que esto no lo propondrá el Gobierno, porque tiene claro que le afectara tarde o temprano electoralmente, además se vuelve una arma de doble filo, porque el gran capital simplemente lo trasladará al producto final, siendo Juan Pérez el más afectado.

En ese orden de ideas, es importante que el Gobierno, enfile todo su armamento en la evasión fiscal, y la elusión fiscal, de lo cual se podría obtener una gran cantidad de recursos para implementarlos en seguridad. También podría proponer un nuevo impuesto que grabe con el 20 % el patrimonio de los funcionarios públicos cuando este exceda los $200,000 debidos al enriquecimiento que han obtenido producto de recibir, prebendas, bonos, viáticos y sobre sueldos.

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