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Oscar-Ortiz

Foto: DEM

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, explica que son 15 medidas que tomará el Gobierno para golpear la criminalidad en los próximos 12 meses. Además del plan para recuperar el control de las cárceles, anuncia reformas para cortar los flujos financieros a las redes de extorsión, la creación de celdas de aislamiento, la rehabilitación de los primeros 10 mil reos de baja peligrosidad y un decreto que le dará respaldo legal a comités ciudadanos en comunidades en donde todavía no hay asedio pandilleril. “Tenemos que reverir y hacer un punto de quiere”, dice. Está seguro que habrá “presiones”, pero asegura que no tiene duda de que habrá respaldo del Estado y de la población.

¿Cómo comenzó esta iniciativa?

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El diagnóstico está muy claro, en los últimos 10 años hemos tenido una escalada de violencia expresado en una actividad criminal cada vez más fuerte y en una actividad de la estructura de la extorsión cada vez con mayor fuerza, y una multiplicación del crimen dentro de un sistema penitenciario donde hay una cantidad de gente pagando penas pero sigue ejerciendo una actividad para incrementar criminalidad y acciones irracionales a lo largo y ancho del país. Sin duda alguna, el tema de la violencia ha llegado a un punto en donde no solo afecta nuestra economía, impacta el tratar de frenar dinámica de inversiones, sino en la calidad de vida de nuestras familias. En el tema del crimen estamos perdiendo todos. Y trastoca todo. Ha llegado un momento en el cual tenemos que enfrentar. O lo hacemos ahora y generamos un punto de quiebre para tratar de revertir para tratar de reducir, de desmontar la estructura de extorsión, o lo hacemos hoy, o esta situación va a ser mucho más cara, compleja, y vamos a tener que pagar una cuota de sacrificio, ha llegado el momento de hacerle un paro y de ponerle todos los recursos del Gobierno para que los buenos seamos capaces de una vez por todas de imponernos a los malos, a los que quieren tenernos con una pistola puesta.

¿Por qué no se hizo antes?

De hecho a la entrada del Gobierno hubo una decisión de cómo abordar el tema. Todas estas medidas son una extensión del plan El Salvador Seguro  y el plan es claro: prevención, rehabilitación y represión. Ahora tenemos un problema muy concreto, para que funcione hay que reprimir bien el delito. Aquí la variante que tenemos que quebrar es la estructura criminal y la extorsión, que son dos gemelas que se alimentan una de otra. Hay que desarticularlos y por eso ahora requerimos del concurso no solo del Gobierno sino del Estado en su conjunto. El apoyo del país lo vamos a tener en la medida que haya una expresión de una unidad del Estado, lo que hicimos en la Asamblea Legislativa. Estoy convencido que el resto de medidas que vamos a ir lanzando cada semana van a tener el respaldo del Estado en su conjunto. Esta es una cruzada para golpear severamente a la estructura criminal. Debemos asegurarnos que en los próximos 12 meses que la capacidad de reacción de esa estructura criminal no sea la que es ahora. Tenemos que irnos con todo.

¿Tienen logística para enfrentar cualquier reacción fuera de las cárceles?

El paquete de medidas no solo está referida acortar la capacidad de multiplicar crimen dentro de los centros penales, hemos aprobado un decreto clave, entramos con aislamiento de los más peligrosos, restricción de visitas, reorganización interna del sistema, mejor tecnología, centros temporales de retención para liberar hasta 10 mil de menor peligrosidad, y esos 10 mil los vamos a poner a trabajar. Estos centros temporales los vamos a empezar en pocas semanas, tres, bien hechos. Básicamente van a entrar a trabajar todos los días en tareas demandadas por el sector público. Es gente que no está metida en crimen ni en violaciones graves porque tienen de 1 a 10 años (de condena). A la par de esto vamos a construir celdas de aislamiento total (de dos reos), vamos a tener más de 250 celdas de aislamiento distribuidas en cada centro penal. Todo aquel que haya matado policías, un soldado, que esté involucrado en masacres va a tener que pagar muy caro, va a tener que recluirlo en un lugar que va a pasar por muchos años lamentándose de lo que ha hecho, tenemos que sentar un precedente, no tiene nada que con derechos humanos. ¿Cómo vamos a tratar a un criminal que participó directamente en la masacre de Opico?, tenemos que tener una celda donde no vea ni luz ni sombra, hay que darle de comer y tiene que vivir, pero tiene que vivir en condiciones extrañas, porque no puede que aceptemos el hecho de que cualquiera mate un policía o masacre una familia y no tenga que pagar un costo extraordinario por ese hecho.

Otras medidas que están son que el sistema penitenciario hoy tiene un equipo estratégico de control, un alto oficial de la Policía Nacional Civil, un alto oficial de las Fuerzas Armadas y el responsable de cada centro penal, la parte legal la tiene el director del centro penal, pero la estrategia, el plan, lo coordina el alto oficial de la Policía. Este es un elemento nuevo para tratar de garantizar que todo el perímetro nos garantice que se está cumpliendo.

Oscar-Ortiz-Vicepresidente

Foto: DEM

¿El jefe policial tiene potestad dentro del centro penal?

Claro, de todo el sistema. Quien va a aplicar la medida es el director. Esto nos debe dar una posibilidad de controlar el sistema, de reducir las comunicaciones, esperemos que las telefónicas hagan bien su trabajo, que la acción va a ser dentro de los perímetros acordados, esa es la mitad del éxito y luego evitar la entrada de ilícitos. Afuera de estas medidas, hay otras: vamos a presentar la próxima semana el despliegue de la Fuerza Armada con la PNC para reforzar el control del territorio, la puesta en marcha de una Fuerza de Reacción Rápida de mil hombres, las mejores tropas que tengamos en el ejército y la Policía, 7/24 para desplazarse a cualquier lugar del país para golpear, desarticular, cualquier estructura. Nuestra estrategia va a ser actuar con un enfoque de extracción, saber quiénes son, dónde están. Hay otras medidas: elevar el nivel de participación de la ciudadanía en asegurar su comunidad, no vamos a echarlo a andar sin el respaldo del Estado en su conjunto y el país estoy seguro que nos va a acompañar de poner en marcha los comités ciudadanos de apoyo a la seguridad, que son formas dinámicas, bajo la coordinación de la PNC, en cada comunidad podemos tener comités de apoyo, comenzando por lugares en donde no hay grupos pandilleriles ni estructura criminal. Para esto necesitamos un decreto legislativo, queremos que salga por consenso.

¿Los comités ciudadanos serán obligatorios?

No. El decreto es para darles competencias. Tiene que ser totalmente apolítico, vamos a discutir si va a ser permanente, eso va a ser parte de la discusión, pero lo importante es que necesitamos activar la movilización de ciudadanos. Porque la Policía va a ser su trabajo, el Gobierno tiene que hacer su trabajo, pero nada de los actos importantes se puede hacer si los ciudadanos no son parte de ese diseño.

¿Cómo contrarrestar la apatía ciudadana a organizarse?

Bueno, hay mucha gente que quiere organizarse, pero legalmente no hay un sustento ahorita. Entonces, nos tenemos que asegurarnos que haya un mecanismo donde no importa que el que quiera colaborar sepa la forma de hacerlo. Vamos a presentar una iniciativa para reforzar la Ley de Extinción de Dominio, que vaya a atacar los flujos financieros de estas estructuras criminales.

En el tema del control territorial fuera de las cárceles, ¿cómo se coordinarán con Fiscalía para garantizar que las personas sean procesadas y condenadas?

Es un plan articulado con el Estado. Por eso se le ha pedido colaboración al sistema judicial. Esta Fuerza de Acción Rápida, estamos pidiendo que un grupo de fiscales esté dedicado a movilizarse con este tipo de acciones, con el fiscal, que ha mostrado gran disposición, vamos a trabajar para ir adecuando cada acción articulada.

¿No serán redadas temporales?

Al contrario. No, no, no, redadas temporales no va a ser. Va a ser un año duro, pero es que no hay de otra forma. Pudiéramos hablar de otras cosas, pero lo cierto es que ahora, este año, tenemos que hacer un punto quiebre.

Cuando usted dice resultados en un año, ¿piensa en una cifra (de reducción de homicidios)?

Un año es esta primera fase de medidas extraordinarias. Después del año tenemos que evaluar, el Estado en su conjunto, los resultados y los primeros impactos que queremos lograr es reducir drásticamente la capacidad de reaccionar y operar de la estructura criminal, eso quiere decir que hay que golpearla este año, haber diezmado la estructura de la extorsión y tener un control mucho más claro en el sistema penitenciario para que no siga siendo centro de reproducción de estructuras criminales.

¿Cómo ha permeado el narcotráfico en las pandillas?, también tienen que combatir el narcotráfico por otro lado…

Es una amenaza latente. Vamos a ir develando medidas por medidas. El narcotráfico, la amenaza mayor que tenemos, es que si le damos tiempo y se fusionan las dos cosas, va a ser mucho más complicado, que es lo que pasó en México, Colombia. Es decir, cuando se unen dos fuerzas con intereses distintos pero al final logran un diseño común, ahí sí es muy peligroso. Por eso es que ahora necesitamos actuar y golpear en dos direcciones: el crimen desde la expresión pandilleril pero también el crimen desde el narcotráfico. Claro, El Salvador tiene la característica que por ser un país pequeño no tiene mucha capacidad de almacenamiento, distinto a Honduras, Guatemala, México. Por eso es que casi todos los grandes golpes son en los perímetros.

Benjamín Cuéllar dice que la impunidad es la primera causa de la inseguridad en el país. ¿Está de acuerdo?

En toda actividad criminal hay impunidad y también puede haber impunidad desde el Estado. Nosotros tenemos que asegurar actuar con la ley para evitar cualquier rasgo de impunidad. Lo más impune en el país es el crimen irracional que tenemos. Queremos que cada acción que vayamos haciendo tenga el respaldo legal. Ahora, estar dentro de la ley y dentro de la institucionalidad, no quiere ser débil o flojo. Nosotros necesitamos actuar con todo rigor dentro de la ley para que quede claro que aquel que está generando una impunidad, tiene que pagar caro.

¿A los pandilleros no se les va aplicar la ley de rehabilitación?

Cómo no, pero hay un promedio de 13 mil  pandilleros, un grupo de alta peligrosidad, otro de peligrosidad intermedia y otro de baja, tenemos que asegurar de trabajar con todos, pero antes tenemos que asegurarnos de poner las reglas de control. Pero hay una población que ya está lista para estar a este plan de baja peligrosidad… Todos los 10 mil que vamos a tener para descongestionar los centros penales van a entrar a un sistema de menor peligrosidad, aquellos que tienen de uno a 10 años de prisión.

Rodrigo Ávila dice que todos los pandilleros han cometido delitos graves y que la ley de rehabilitación no puede aplicarse por esto a los pandilleros porque todos han cometido extorsión, ¿están incluidos?

Generalmente en esta fase no van a entrar los pandilleros, tenemos una lista de reos comunes que va a entrar en esta fase para descongestionar el sistema.

¿Han determinado los costos?

La próxima semana vamos a presentar un cuadro de financiamiento para estas medidas extraordinarias. Hemos identificado otras fuentes, la primera que es el fondo de la telefonía, que ya se está ocupando. Segundo, los recursos de otras carteras, y tercero, fondos externos, redireccionar préstamos. Cualquier ruta financiera que identifiquemos en un tiempo corto queremos que lleve consenso de todo, incluso en mecanismos de seguimiento. Vamos a tener dos momentos, un recurso que necesitamos ya para todas estas medidas, y otro para el año. Vamos a proyectar un solo paquete para que por $100 mil no vayas a hacer una cosa que necesitás.

¿Qué primeras medidas se tomaron para aplicar el decreto?

Hoy comenzó, cortar las llamadas, parece que ser que ellos han pasado el límite para tratar de generar una especie de… No quisiera pensarlo. Pero, si no, el lunes, nos  vamos a ver porque es lo que hicieron en Honduras, afectaron a más personas de las que tenían… Pero nosotros con las telefónicas en general no hemos tenido problemas, hemos trabajado muy bien con las concesiones, las nuevas inversiones, En el punto donde sí les hemos dicho que sí, que es inaceptable que no cooperen y hoy la ley ha quedado más clara, eso se tiene que cortar.

¿Cuál será la garantía de que continúe este acuerdo político que lograron?

La decisión de nuestro presidente y del equipo que estamos con el presidente es de hacerlo bien, ir a fondo y de no mezclarlo con cosas electorales. Este es un tema político pero siendo político no tiene que mezclarse con cosas electorales, porque es tan transversal que lo que no hagamos ahora le va impactar a cualquiera que gane las elecciones después del 2019.

¿Qué harán ante presiones, incluso de una tregua?

No tengo ninguna duda de que van a haber acciones para poner en duda cosas que vamos a hacer, pero, si tenemos ese acuerdo político sólido entre el Gobierno y el Estado, lo más importante es tener el respaldo del pueblo salvadoreño.

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