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Editorial & Opinion

Otra institución dictatorial

Ing. Arnoldo Jiménez A. / Colaborador

miércoles 29, noviembre 2017 - 12:00 am

Un ejemplo de cómo ha ido avanzando la dictadura en El Salvador son las reformas que ha venido promoviendo el Gobierno del FMLN para ganar el control total en las instituciones autónomas y reguladoras como es el caso de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Originalmente las leyes de SIGET se diseñaron con poca discrecionalidad a los funcionarios para garantizar la seguridad juridica necesaria para promover inversiones millonarias que se recuperan a largo plazo. Además se creó una Junta de Directores equilibrada para hacer cumplir esas normas con imparcialidad e independencia política.

La Junta de SIGET fue creada por tres miembros, un Superintendente que es nombrado por el Presidente de la República, un director que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia y un director que es nombrado por las asociaciones que legítimamente representan a las empresas privadas y que consumen la mayor parte de electricidad y telecomunicaciones, dejando en claro que el director del sector privado no puede tener relación con los sectores regulados, pues esto constituiría un conflicto de interés.

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El diseño equilibrado de la Junta de SIGET, donde nadie tiene poder absoluto, ha molestado al FMLN, pues le impide realizar proyectos abultados que aumentan las tarifas a los consumidores, manejar el sector eléctrico a su conveniencia y difundir su ideología en las comunicaciones.  Por eso modifican los reglamentos, en contra de la Constitución y las normas de OIT, para que sea el Presidente de la República el que nombre no solo al Presidente de SIGET sino también a los representantes del sector privado, logrando que el Gobierno tenga el poder absoluto de la institución.

Lo que trata de hacer el Gobierno es convertir una institución técnica e imparcial en una entidad dictatorial, donde las decisiones las toman los funcionarios mas allegados al Presidente, con amplio criterio subjetivo. Esto pronto llevará a la escasez de energía, pues ante la inseguridad de no poder recuperar sus inversiones y los riesgos de expropiación, lo más probable es que no se invierta en energía de bajo costo, provocando tarifas altas y la escasez de este insumo que es vital para el desarrollo de un país.


No es casualidad que la Superintendencia de Competencia omita castigar el abuso de poder monopólico de CEL, que maneja alrededor del 50% de la electricidad del país a través de las hidroeléctricas y otras sociedades anónimas, con las cuales manipula el mercado.  Pero si tiene sentido esta actuación cuando vemos que todos los miembros de la Directiva de esa Superintendencia son nombrados por el Presidente de la República.

¿Que pasaría si la Superintendencia de Competencia decidiera indagar los movimientos contables de las sociedades anónimas que son propiedad de CEL?  Lo mas probable es que los directores serían sustituidos por otros de mayor confianza del Presidente, de la misma manera que cambiaron a los directores del sector privado en las instituciones autónomas cuando comenzaron a estorbarle al gobierno, denunciando compras directas que se hacían sin licitación y otros actos de corrupción.

Las sociedades anónimas de CEL son monopolios que NO están obligados a rendirle cuentas a nadie, empresas altamente generadoras de efectivo que alimentan un fondo del cual pueden disponer discrecionalmente los gobernantes, es decir instituciones propicias a la corrupción.  Desde allí pueden financiarse campañas políticas, comprar la voluntad de funcionarios de otros poderes del Estado o diputados de otros partidos o pasar dinero a las cuentas de los políticos que están en el poder, sin que los ciudadanos se den cuenta.

Con la elección del representante del sector privado en SIGET por parte del Presidente de la República, el Gobierno está evitando que exista cualquier vigilancia en el manejo de estas sociedades, para manejar el efectivo a su antojo, para comprar equipos millonarios sin licitación y para realizar inversiones exageradas (como los 800 millones de ETESAL), que despues tendremos que pagar los consumidores y los contribuyentes. Además, el FMLN también busca reasignar las frecuencias de los medios de comunicación, violando derechos de propiedad y la libertad de expresión, para beneciar directamente a su partido, lo cual es estratégico dentro de sus planes de permanecer en el poder.

Las acciones del FMLN de manejar las instituciones públicas, creadas con el dinero de los contribuyentes, de manera dictatorial, son el mayor incentivo a la corrupción que un país puede tener. Si los salvadoreños avalamos que esto ocurra, estamos sentenciando a que nuestro país viva permanentemente en la pobreza.

El desarrollo de El Salvador depende del corazón de la democracia, es decir que el poder resida en el pueblo, que los ciudadanos vigilen el comportamiento de los funcionarios y que las instituciones garanticen ese principio constitucional.  Por eso debemos asegurar el funcionamiento del sistema de libertades, pues si hay libertad económica, los actores tendrán la confianza para propiciar el círculo virtuoso de la inversión, crecimiento económico, creación de riqueza y generación de empleo. Y si construimos instituciones democráticas con funcionarios competentes e imparciales, controlados por los ciudadanos y no por los políticos, estaremos garantizando que esa prosperidad llegue a toda la sociedad, con lo cual también aseguramos el futuro de nuestro país.




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