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OPINIONLos políticos nos están acostumbrando a que nada de lo que ocurre en nuestro país nos sorprenda. Ya se hizo frecuente que, ante cualquier resolución que pronuncie la Sala de lo Constitucional que sea adversa a los intereses políticos del partido gobernante, se le acuse de estar tratando de desestabilizar al órgano ejecutivo en sus planes de “favorecer” al pueblo la salvadoreño.

Lo grave de este asunto es que cada vez con mas frecuencia, se arman piquetes contra dicha Sala, protestando por cualquier resolución, y todo, por consignas de partido, ocupando a gente que ignora, incluso contra qué está protestando. A esta pobre gente contratada para que haga presencia con rótulos y afiches contra determinada cuestión, se le puede dispensar su actitud, comprendiendo que no saben ni entienden de que se trata la “protesta” puesto que lo único que entienden es que se les dará un tiempo de comida y probablemente un exiguo estipendio para cubrir los gastos del día, configurándose de esa forma un abuso y explotación política de la necesidad del involucrado.

Más grave nos resulta cuando quienes se quejan de las resoluciones, son altos funcionarios que se supone deberían tener instrucción notoria, o por lo menos, media. Nos resulta chocante comprobar que dichos funcionarios solo conocen el lenguaje de la violencia y la ley de la fuerza bruta, que utilizaron durante la guerra. Triste espectáculo causan ante el mundo quienes públicamente demuestran su escaso conocimiento de la Constitución, que claramente establece  cuáles son las atribuciones de la Sala de lo Constitucional, a quien se le ha encargado velar porque se respete el espíritu y la letra de la ley primaria. A qué viene, pues, el escándalo cuando la Sala decide que determinada acción u omisión es contraria al sistema de gobierno predeterminado en la ley básica del estado de El Salvador.

Indudablemente que para muchos resulta un estorbo cumplir con las normas básicas para mantener el orden constitucional, pero es la forma que el estado moderno ha fijado para vivir en armonía. En el área centroamericana, podemos observar el permanente y constante deseo de los políticos de perpetuarse en el poder pese a la prohibición estructural de la nación.

Véase sino, la reciente  “reelección” de Daniel Ortega en Nicaragua, y la actual pretensión del presidente  hondureño, de reelegirse, pese a disposiciones específicas y expresamente prohibidas en las respectivas cartas magnas de sus países.

Esto sucede en virtud de que las instituciones equivalentes a nuestra Sala de lo Constitucional, han sido -de alguna forma- sometidas a una voluntad de un órgano que jamás tuvo respeto por la voluntad de su pueblo, e ignora premeditadamente la disposición prohibitiva del fenómeno de reelección.

Un expresidente de Honduras -sí, el del sombrero- trató de hacer lo mismo y terminó una madrugada en Costa Rica preguntándose: ¿Qué sucede? Los salvadoreños esperamos que, quienes hace más de 20 años optaron por un sistema democrático y abandonaron el camino de la violencia entiendan de una buena vez, que la mayoría de ciudadanos rechazamos los métodos violentos y forzosos para imponer voluntades y respetamos las decisiones adoptadas por el razonamiento y la mesura.

La fuerza de la razón es suficiente para que los pueblos civilizados puedan convivir en paz. A la Sala de lo Constitucional hay que respetarla, porque es la llave de la convivencia social. Si a alguien no le satisface lo que resuelve, que pida o busque la reforma constitucional y de esa forma, que busque su objetivo final, pero dentro de la ley. Pretender cambiar a la Sala en vez de la Constitución, es un camino equivocado. Incluso las Naciones Unidas han alertado a los pueblos del mundo del errado proceder del partido de gobierno por el método de coacción que pretende imponer a nuestras máximas autoridades jurisdiccionales para amedrentar a la Sala. Eso no se puede ni debe permitir en un estado que se precie de ser independiente libre y soberano.

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