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OPINION

La historia de los partidos políticos en el país no ha sido muy transparente en cuanto a sus aspectos financieros. Desde siempre se han conocido casos de donantes financistas que después recuperan con creces lo “donado” a los partidos o a los políticos para campañas electorales al hacerse acreedores a tremendos favores. En el peor de los casos algunos donantes han estado ligados a cualquier forma de crimen. Así, ha habido lavadores de dinero o personajes  vinculados al narcotráfico y hechos similares.

Los partidos políticos necesitan fondos para funcionar y financiar sus campañas electorales y están en todo su derecho de recibir dinero de instituciones, organismos no gubernamentales o personas naturales. Cada ciudadano, igual, es libre de donar su dinero a cualquier partido, toda vez que sean fondos legales.

No es nada nuevo que los interesados en financiar partidos políticos en muchos casos buscan favores posteriores o conservar privilegios, pues en política partidaria “no hay almuerzo gratis”. A lo largo de la historia nacional, son los financistas partidarios quienes después se aribuyen el derecho de incidir en la vida nacional e incluso decidir sobre elección de candidatos a cargos públicos. En algunos casos se vuelven el “poder tras el trono”.

Para los partidos salvadoreños ha sido tradición mantener oculto los nombres de las personas e instituciones que los financian, aunque todos presumimos saber quiénes son los que aportan la plata en cada instituto político. En algunos casos esas creencias vienen de mitos o leyendas urbanas alejadas de la realidad.

Siendo los partidos políticos un vehículo para llegar a ostentar el control de los gobiernos nacionales y municipales, está claro entonces que, aunque privados, su finalidad es de carácter pública, por ende  la ciudadanía tiene  derecho a conocer cómo operan financieramente. Es más, debería de existir una especie de controlaría para auditar los fondos de los partidos, pues nadie crea un partido como club social, ya que su finalidad es la vida pública mediante el poder local o nacional.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dando respuesta a una demanda ciudadana, en 2014, ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley de Partidos Políticos para que quedara claramente establecida la obligación de revelar a los donantes.

Casi dos años después y por diferentes razones la Asamblea Legislativa ha incumplido un fallo, a pesar de que es de carácter obligatorio darle cumplimiento, por lo que la Sala de lo Constitucional ha decidido dar a los partidos hasta el 31 de diciembre venidero para que presenten listados completos de donantes; además, deben detallar el tipo de donación, las cuantías y el uso que se le dio. Los partidos que no cumplan no tendrán derecho a recibir la deuda política que les proporciona el Estado y no podrían inscribir candidaturas a los cargos de elección pública para eventos electorales a partir de 2018.

Los listados completos de donantes deben ser presentados al Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral, para luego entregarse a la Sala de lo Constitucional y por ende hacerse del conocimiento público.

La decisión de la Sala de lo Constitucional es congruente con los anhelos ciudadanos, pues tenemos derecho a saber quiénes sostienen a los partidos desde el punto de vista económico o mejor dicho quiénes son los patrocinadores de campañas electorales, pues luego éstos aparecen como funcionarios o teniendo roles de decisión y poder nacional, ganando licitaciones u obteniendo favores.

Lo mejor para los mismos partidos es ser transparentes y revelar, con nombre y apellido, a sus financistas. Donar fondos a un partido para nada es un delito, cada quien tiene derecho a regalar hasta su casa si es posible, eso sí, quien dona a un partido debe tener claro que esa donación tiene que hacerse pública, por sanidad política. Los partidos no deben pedir permiso a los donantes para dar a conocer su nombre, pues dicha acción es de carácter publica al darse a un instituto político que tiene aspiraciones públicas.

Los salvadoreños tenemos que exigir a los partidos que revelen sus patrocinios. No hay razón para ocultar información cuando todo se hace de manera legal. Transparente.

 

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