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Política

Piden a Sala resolver sobre ley de probidad

Edgardo Rivera

sábado 19, noviembre 2016 - 12:00 am

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Ley de Probidad aprobada por diputados quitó la facultad a la CSJ de ordenar juicios por enriquecimiento. / DEM

El equipo gestor de la Ley de Probidad pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Probidad aprobada en diciembre de 2015 por la Asamblea Legislativa.

La Ley de Probidad, cuya vigencia fue suspendida como medida cautelar de la Sala, fue aprobada con 47 votos de FMLN, GANA y PCN, y pretendía quitarle la potestad a la CSJ de ordenar juicios civiles cuando encuentre indicios de enriquecimiento ilícito.

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En su lugar, la ley aprobada por los diputados facultaba a la Sala de lo Civil de la CSJ “poner avisos” a Fiscalía General de ilícitos.

La Sala admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada el 7 de enero de 2016 y revivió, mientras resuelve, la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1959, que faculta a la CSJ ordenar juicios por supuesto enriquecimiento ilícito.


Roberto Burgos, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), señala que es “urgente” diseñar una ley moderna de probidad para detectar y perseguir eficazmente el enriquecimiento ilícito.

Pide agilizar este proceso para “dictar a la mayor brevedad una sentencia que acceda a las peticiones que hemos planteado en nuestra demanda”, reza la carta presentada por el equipo gestor de la Ley de Probidad, el pasado 1 de noviembre a la Sala de lo Constitucional.

Burgos señala que, con la resolución de la Sala, se procederá a definir si se reforma la ley o se desarrolla una nueva.

Ésta debe contener, según Burgos, la legislación de un examen periódico al funcionario y su grupo familiar o exfuncionario, juicio por enriquecimiento ilícito, sanción o amonestación pública y la regulación del conflicto de intereses.

Propone declaraciones de patrimonio más amplias, que abarquen intereses económicos, inversiones, de sus familiares más cercanos y obligaciones tributarias actualizadas. La Ley de Probidad fue aprobada el 16 de diciembre de 2015. Aseguran que ésta viola convenios internacionales en materia de combate a la corrupción.




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