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Economía

Piden estabilidad jurídica y política

miércoles 16, diciembre 2015 - 12:01 am

Tras la presentación de su balance al cierre de 2015, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió al Gobierno generar estabilidad jurídica y política, además de combatir la inseguridad y reducir la excesiva tramitología, puesto que estos factores limitan el avance del sector industrial y de la economía de El Salvador en su conjunto.

“Mientras se siga pensando en un camino hacia el socialismo o hacia una visión antimercado no podemos esperar una expectativa de seguridad política para inversionistas el próximo año”, afirmó ayer el director ejecutivo de la ASI, Jorge Arriaza.

Según el líder gremial, las alusiones al socialismo hechas por el partido FMLN no constituyen un camino apropiado para la estabilidad democrática y económica, para lo cual citó los ejemplos de otros países. De igual forma, prosiguió, es necesario fortalecer la institucionalidad del país.

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“Creemos que en una democracia deben haber instituciones fuertes, hemos visto que no están dando seguridad jurídica al empresario y si no hay seguridad jurídica es imposible pensar en crecimiento económico”, añadió.

En su informe anual, los industriales citaron algunos ejemplos sobre la incertidumbre que existe hoy en día para las empresas localizadas en el país: En 2015, el Gobierno promovió dos nuevos impuestos (5 % a las telecomunicaciones y 5 % a utilidades netas arriba de $500,000), además de realizar un ajuste al pliego tarifario de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que impactó fuertemente a las empresas del sector industrial, en especial, las del sector textil.


“Es difícil para una empresa en El Salvador planficar cinco años, tres años, un año, y que el presupuesto se acerque a la planificación que la empresa hizo, porque las sorpresas van surgiendo durante el año”, agregó la gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, Doris de Rivera.

Para el próximo año, los empresarios se enfrentarán a un nuevo cambio en el pago de $18 en las Aduanas en concepto del servicio de inspección no intrusiva y que impactará sobre todo a pequeñas y medianas empresas.




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