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En las próximas semanas seguiremos siendo testigos del debate por el presupuesto general de la nación, que para el 2016 se presenta con apenas menos del 1% de incremento con relación al año anterior. Como sociedad estamos obligados a profundizar nuestra cultura presupuestaria y tributaria, cimentando opinión desde cada familia salvadoreña.

Este presupuesto es una herramienta que determina la celeridad y rumbo del desarrollo del país. De acuerdo a lo presentado, en su orden, las prioridades privilegian la agenda social, encabezándola educación con más de $900 millones previstos, seguido por salud con más de $600 millones y en tercer lugar la seguridad con más de $400 millones presupuestados; a este último hay que sumar los fondos estimados para la Fiscalía General de la República (FGR), una buena parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Fuerza Armada -que significativamente contribuye acompañando las acciones de seguridad pública- y al menos un tercio del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tomando en cuenta que un tercio de los condenados en procesos penales son criminales de pandillas.

El área social, en síntesis, representa un poco más del 40% del presupuesto general, destacándose los programas sociales del Mined: paquetes escolares, alimentación para estudiantes, vaso de leche, alfabetización y el programa del futuro: un niño una niña una computadora, que en esta ocasión incluye cinco millones de dólares como partida inicial. En salud destaca la consolidación del programa de farmacias especializadas, consolidación de la red de ECOS y la habilitación de nueva infraestructura hospitalaria. A esto sumamos los recursos para seguir desarrollando Ciudad Mujer, programa insignia considerado ejemplar por la comunidad internacional. Sin embargo el 15 % del presupuesto, unos $800 millones, se orienta al pago de la deuda externa no adquirida por este gobierno.

Uno de los debates más significativos con relación al presupuesto es el de reducir el gasto público, aplicando mayores medidas de austeridad. Quienes encabezan esta posición son sectores ultraconservadores que histórica y sistemáticamente se han negado a aportar con sus impuestos para el desarrollo del país, bloquean financiamientos y pretenden reducir la inversión social que beneficia a la población.

Para apreciar mejor si es adecuado o no nuestro presupuesto, cuya ejecución para este año ha sido de $4,800 millones, es útil pasar revista a lo que administran nuestros países vecinos, sobre todo, los del triángulo norte con quienes compartimos metas,  problemas comunes y una fuerte relación económica.

Guatemala en este ejercicio 2015 tiene un presupuesto en ejecución de $9,289 millones, con lo que prácticamente duplica el nuestro; similar situación es la de Honduras con $8,708 millones. Renglón distinto ocupan países, que aun cuando están en nuestra misma región, han cobrado otros niveles de desarrollo a partir de una visión tributaria más audaz y de una mayor apuesta por lo social de manera sostenida por varios de sus gobiernos. Costa Rica con apenas cinco millones de habitantes ejecuta un presupuesto de $15,160 millones, similar al rumbo panameño que con cuatro millones de habitantes, ejecuta un presupuesto de $12,661 millones.

En estos últimos dos países probablemente la apuesta por el desarrollo social, entre otros factores, ha permitido que no enfrenten la grave crisis de seguridad que vivimos en la región del triángulo norte. Visto en esta comparación y perspectiva regional, es notorio que en El Salvador no se requiere reducir el presupuesto, sino más bien ampliar la recaudación tributaria e invertir mucho más en el desarrollo social tan necesario.

Considerado en esta perspectiva, nuestro país requiere más recursos para el progreso, por lo que es pertinente debatir una reforma fiscal integral que, además de proponerse fijar una contribución especial para lo inmediato de la seguridad, se proponga invertir de manera sostenida, principalmente en la educación y el desarrollo territorial desde los municipios. Esto hace urgente la adopción de acciones para reducir sensiblemente la evasión y la elución fiscal estimada por expertos en al menos $1,400 millones.

Se requieren entonces medidas administrativas como la publicación de las listas de deudores al fisco, como mecanismo de presión y la urgente penalización del fraude fiscal en todas sus modalidades, tal como ocurre en Estados Unidos, ya que el incumplimiento de las obligaciones tributarias –la “evasión fiscal egoísta”, al decir del papa Francisco– atentan contra el desarrollo de las políticas públicas, vulnerando con ello el interés colectivo y el pacto social expresado en la Constitución.

 

 

 

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