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Andreu-Oliva

Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). / Archivo

El Gobierno de El Salvador está “protegiendo” a los 4 militares capturados y a los 12 prófugos, requeridos en España por su vínculo con la masacre de 6 sacerdotes jesuitas en 1989, aseguró hoy en una entrevista con Acan-Efe el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva.

Según el también padre jesuita, en el país “hay una política sistemática de favorecer y proteger aquellos militares que están implicados en graves violaciones a los derechos humanos”.

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“El Gobierno no debería de proteger a personas que están acusadas de ser criminales de guerra y de haber cometido crímenes de lesa humanidad, porque de esa manera los está salvaguardando y se vuelve cómplice de la impunidad”, aseveró.

En su opinión, hay “negligencia” de parte del Estado, porque “existe una orden de detención que no es cumplida, lo que muestra una protección del Gobierno que favorece a la impunidad en el caso”.

“A mí lo que me preocupa son los 12 que no han sido detenidos, cuando se sabe que la mayoría de ellos están en el país, y que la mayoría son coroneles o generales autores intelectuales de este caso y que están escondidos o en sus casa tranquilamente”, aseguró.

Apuntó que la situación “no es tolerable y no va acorde con el discurso que ha tenido el actual Gobierno de El Salvador, ni con los Acuerdos de Paz, porque en este pacto se acordó que los crímenes de la Fuerza Armada no iban a quedar impunes”.

Oliva manifestó que “el Gobierno tiene que actuar conforme a las leyes, ya que el mismo y la Policía son parte de Interpol, y una orden girada por este ente es de obligado cumplimiento; entonces, el ente policial debe de capturar, y si no lo hace está incumpliendo con su misión policial y con convenios internacionales”.

El también teólogo aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC) está “incumpliendo esa orden de búsqueda y captura internacional girada a través de España y eso es muy grave”.

Desde el pasado 5 de febrero, los detenidos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez guardan prisión preventiva mientras la Corte Suprema de Justicia decide sobre su posible extradición.

El religioso espera que el máximo tribunal “se apegue a las leyes y que no tome decisiones políticas, sino una resolución en base a derecho y que el dictamen sea una decisión a favor de la extradición, solicitada “oficialmente” el pasado 11 de marzo por el Consejo de Ministros del Gobierno español.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.

A juicio de Oliva, dicha ley viola los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992, y los derechos humanos de las “víctimas y sus familiares”.

El padre español aclaró que su país no está interfiriendo en la justicia salvadoreña, como algunos sectores de la sociedad lo han expresado; “lo que hace es aplicar un acuerdo internacional en materia de derechos humanos que se llama Sistema de Justicia Universal, medida que aplica España porque 5 de las víctimas eran españoles”.

“Uno de los acuerdos del sistema permite que un Estado proteja y vele por los derechos humanos de sus ciudadanos y el derecho a la justicia, que es lo que se pide en este caso”, insistió Oliva.

Asimismo recordó que en el país centroamericano han existido “muchos intentos para que el caso fuera tratado a nivel de la justicia salvadoreña y que todos fueron infructuosos, porque los jueces han dicho que el tema ha prescrito, no han reconocido que es un crimen de lesa humanidad y no han querido violar la ley de amnistía”.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.

En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña, también fueron ultimadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.

El Consejo de Ministros español aprobó, el 11 de marzo, solicitar “oficialmente” la extradición de los 4 militares detenidos relacionados con el asesinato de los religiosos, así como de los 12 huidos que están en busca y captura, y uno que se encuentra detenido en Estados Unidos.

El Gobierno español ratificó así la solicitud del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien renovó la petición el pasado 4 de enero, después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña anulara el alegato de la Corte en Pleno que impidió la captura de los militares retirados en 2011.

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