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Un día de la semana pasada, en trámites por recuperar un vehículo decomisado a un cliente, estuve en el cantón Changallo, jurisdicción de Ilopango, sitio donde se envía y resguarda todo automóvil que, de una u otra manera, se mira involucrado en alguna infracción regulada por las disposiciones legales de tránsito. Lo que observé al llegar me dejó realmente sorprendido. Aquel lugar prácticamente se encuentra cubierto por decenas y decenas de toda clase de automotores, de diferentes clases, tipos, modelos y años. Desde carritos súper usados, hasta lujosos vehículos aún recuperables. Camiones chocados, autobuses desvencijados, en fin, unos y otros amontonados alocadamente, desgastándose con el pasar del tiempo.

Platicando con uno de los agentes policiales que cuidan el sitio, me decía que tienen vehículos que desde hace varios años nadie reclama en el juzgado de paz local. Incluso, hay centenares de carros que pueden arreglarse en un taller de mecánica y volver a utilizarse, pero allí están “varados”, pudriéndose por las inclemencias climáticas, ya que el parque de vehículos decomisados por algún motivo, todos se encuentran a la intemperie. Según cálculos del agente, más de un millón de dólares podría recaudar el Estado si vendiera la existencia vehicular “solo de Changallo”, porque en nuestro país se encuentran diseminados muchos lugares similares y todos son “oficiales”, según me informó el representante del orden.

Revisando las variaciones de precios en los mercados bursátiles, uno puede darse cuenta que solo en las toneladas de hierro que se pueden obtener de esos carros que nadie  reclama, muchos miles de dólares pueden reforzar el erario desfinanciado que tiene el país para atender el quehacer estatal, especialmente el área de seguridad pública. A eso sumemos, lo que se puede obtener si el Ministerio de Hacienda u otro ente oficial subasta los carros, buses o camiones, aún recuperables en su funcionamiento. No es una sola unidad, se pueden contar por decenas que permanecen en todo el país, esperando que alguien los compre y ponga en actividad de nuevo.

Muchos son de modelo reciente, que por la impericia de sus propietarios sufrieron algún daño pero reparable en manos de un mecánico diligente, con lo cual se abarcarían varios rubros positivos: liberar esos sitios de mucha contaminación que producen los materiales oxidados, emanaciones peligrosas de las baterías y otras condiciones dañinas; el Estado lograría  ingresar fondos necesarios para el desarrollo de sus programas gubernamentales; se abrirían oportunidades de trabajo para muchos obreros dedicados a la mecánica automotriz y el país se ahorraría divisas en importar modelos nuevos, reparando los que se encuentran chocados levemente en tales sitios de resguardo.

Cuando escribo esta columna, medito como gente humilde que tiene ideas brillantes o sugerencias importantes que, muchas veces, a quienes nos creemos entendidos, se nos escapan entre las trivialidades de la vida cotidiana o por interesarnos demasiado en otros temas como la política criolla o la violencia criminal. La conversación con el agente policial me abrió los ojos a una realidad que ha pasado y seguirá pasando inadvertida para las autoridades: es necesario y urgente que se eche mano de ese parque vehicular, en provecho de los programas gubernamentales que requieren de fondos suficientes, en momentos que la Magdalena no está para  tafetanes.

Hago la sugerencia que primero se haga un censo por parte de auditores de Hacienda, para saber la cantidad real de vehículos que por el largo tiempo de estar sin reclamarse, pueden traspasarse al Estado por prescripción adquisitiva; luego, tiene que haber un valúo según las tasas del momento, para calcular el precio de cada unidad que pase al dominio estatal y después, los avisos de subasta, o venta libre, a particulares o empresas de fundición (nacionales o extranjeras), con lo cual se obtendría el beneficio final de ese  montón de carritos, buses, etc. que se pudren año con año sin utilidad para nadie…

 

 

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