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Nacionales

Relatora ONU criticó impunidad de ejecuciones ilegales

Yessica Espinoza

sábado 10, febrero 2018 - 12:04 am

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, señaló en su declaración final, un ciclo de impunidad en el país al sobreseer definitivamente (liberar) a agentes de seguridad acusados de ejecuciones extrajudiciales.

Callamard asegura haber encontrado un “patrón de comportamiento” en los agentes policiales o de la fuerza armada que pueden considerarse como ejecuciones ilegales, las cuales se refuerzan con respuestas “débiles” a nivel de investigación y de la justicia.

Pero eso no es todo. La diplomática también señala que las reformas hechas al Código Procesal Penal en el 2014 han contribuido a propiciar lo que ella llama un “ciclo de impunidad” que debe romperse en estos casos.

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La reforma modificó los artículos 300, 350 y 351 del Código. El 350 establece que el juez de paz puede ordenar el sobreseimiento definitivo cuando el policía haya actuado “en el cumplimiento de su deber”. Para comprobar esto, el jefe del policía debe enviar un informe al juez o la Fiscalía sobre los hechos ocurridos; el juez, con base a este informe, tomará la decisión de liberarlo de los cargos acusados. “Como resultado, de acuerdo a la información recibida, la mayoría de los cargos (acusaciones) contra policías y militares han sido sobreseídos con la simple presentación del informe que detalla, por ejemplo, que los hechos ocurrieron durante una operación policial”, explica Callamard.

En la declaración, la experta también apunta que el número de personas asesinadas por la policía o el ejército ha ido en aumento en los últimos años. A partir del 2014, la PNC ejecutó a 103 supuestos pandilleros, mientras que en el 2016 la cifra subió a 591 muertos y 119 heridos. “La tasa de mortalidad entre agentes de seguridad y civiles desde el 2014 hasta junio de 2017 aumentó casi ocho veces”, afirma. “Los oficiales de policía que he conocido reconocieron que pueden haber algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, pero insistieron en que se trataba de incidentes aislados”, agregó Callamard.


Tras las reformas, a partir del 2014, la misma Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento en más del 50 % de los casos por ejecuciones extrajudiciales donde los acusados son policías o militares, señala Callamard. “Ninguna de estas denuncias ha dado lugar a la condena o sentencia”, lamenta y hace referencia al caso conocido como San Blas, donde el mismo juez concluyó que hubo una ejecución ilegal pero que no podía condenar a los cinco policías acusados porque la Fiscalía no le probó quién de todos lo ejecutó. “Romper con el ciclo de la impunidad es una necesidad absoluta”, enfatiza.

 

“Cuello de botella”

Sobre la exoneración de agentes de seguridad por excesos de poder, solo puede solventarse con voluntad política, dice Callamard.

Advierte detenciones arbitrarias

La relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, indicó en su declaración final sobre El Salvador que en los primero seis meses del 2017, solo 19 personas fueron condenadas por pertenecer a una organización terrorista, delito que es atribuido a miembros de pandillas.

Según ella, la Policía detiene y la Fiscalía acusa a las personas por el delito de organizaciones terroristas pero resulta que no logra comprobar el delito atribuido y los dejan libres,  es decir hay “disparidad entre los cargos imputados y las sentencias”.

“(Esto) podría indicar que tales cargos (delitos) se utilizan principalmente con fines de detención arbitraria”, señala la experta, quien relata que la “gran mayoría” de reclusos de dos centros penales que visitó, le dijeron que estaban siendo acusados de pertenecer a una organización terrorista, aunque no lo eran.

 

 




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