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Foto: DEM

Desigualdad jurídica es lo que el diputado tricolor, René Portillo Cuadra, visualiza en un esbozo de propuesta de reforma del sistema de pensiones que circuló en agosto del 2015. El diputado dijo que la reforma vendría a castigar a los cotizantes del nuevo Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), imponiendo una pensión mínima universal vitalicia de $207 mensuales que recibirían personas que han cotizado o no.

¿En qué consiste esta reforma del sistema de pensiones que el Gobierno promueve?

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En la actualidad tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual, que consiste en que cada trabajador tiene una cuenta, como de ahorro, en un banco en donde lo que se va cotizando, más los intereses que ganan. Cuando una persona se retira o se jubila, tiene una cantidad ahorrada de dinero, más intereses que han devengado durante 25 o 30 años, estas cuentas individuales han sumado la cantidad de $8,500 millones, significa que las AFP administran alrededor de $8,500 millones que constituyen una reserva técnica, es decir, una bolsa de dinero que servirá para que, cuando cualquier salvadoreño se pensione, haya dinero, para pagarle su pensión. En cambio, el sistema mixto que está proponiendo el Gobierno significa que ya no van a ser las AFP (administradoras de fondos de pensiones) quienes van a administrar las cotizaciones, sino que las va a recibir el Gobierno, a través de una institución que puede ser el Seguro Social o el INPEP (Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos). De ese dinero, en lugar de invertirlo para que crezcan los intereses de esos depósitos, lo que van a hacer es ocuparlos para darle pensión a los veteranos de guerra, a los adultos mayores, para continuar con las campañas publicitarias del Gobierno, para continuar contratando más personal en el Gobierno, para continuar los programas sociales. Ninguna de esas cosas es mala, pero no se vale que con el dinero del ahorro de los trabajadores y de los pensionados se hagan estos proyectos porque para eso existe el Fondo General de la Nación. Aquí viene lo peligroso del tema: el Gobierno dice que va a pagar una pensión universal que alcance para todos, una pensión mínima que se va aplicar tanto para los que hayan cotizado, pero dicen ellos: ‘Ellos también tienen derecho a devengar una pensión mínima’. Esa pensión mínima que el Gobierno plantea es de $207 mensuales de por vida; todas las personas que hayamos cotizado o no en la propuesta del Gobierno es que van a pagar $207 como pensión universal y aquí viene el gran problema, significa que, en 10 o 15 años, no va a alcanzar ni para pagar el agua y la luz.

¿Cómo hacer para que esta reforma ofrezca garantía de pago de futuras pensiones?

Díficilmente con la reforma que quiere presentar el FMLN se garantiza que los pensionados tengan el dinero oportunamente. Lo que nosotros debemos hacer es una reforma al sistema de pensiones que garantice que el Gobierno le va a pagar un interés adecuado de mercado a los préstamos que hace al fondo de ahorro de los pensionados. Con esa reforma se le estaría dando cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena que, cuando el Gobierno tome dinero del fondo de ahorro de los trabajadores, le pague el interés de mercado. Segunda propuesta: que el Gobierno impulse políticas públicas para garantizar que las personas que están en el sector informal de la economía o se formalicen sus negocios o busquen un mecanismo para que estas personas puedan cotizar al régimen de pensiones  y en algún momento puedan retirarse con una pensión, eso no es parte de las AFP, es parte de las políticas que el Gobierno debe realizar y aquí nos toca a nosotros como Asamblea Legislativa establecer reformas.

Tercero, uno de los criterios para que usted tenga una buena pensión es que tenga un buen salario o, por lo menos, un salario competitivo; por ejemplo, la persona que gana $3,000 es obvio que se va a retirar con una pensión mayor que aquel que gana $300, ¿qué es lo que tenemos qué hacer?, promover un salario mínimo digno que permita un aumento como producto de la captación de la inversión extranjera, solo en esa medida los salarios se pueden elevar.

¿Cuál debería ser la tasa de interés idónea que el Gobierno debería de cancelar por el préstamo de fondos de pensiones?

Esa tasa debería de oscilar entre 5.5 % y 7 % anuales, porque el mercado financiero tiene altibajos; sería un error financiero decir que sea una tasa fija, porque habrá oportunidades en el tiempo, donde la economía esté mejor, en cuyo caso la tasa de interés sube.

¿Al elevar la tasa de interés no se corre el riesgo de que el Gobierno no pague?

Pensamos que, para darle salida a esa pregunta, el Gobierno constituya una deuda a largo plazo, de tal manera que pueda pagar a 25 o 30 años plazo, pero que se lo pague, porque no podemos dejar de percibir ese dinero, que es suyo y mío. Perfectamente se puede hacer un préstamo a largo plazo donde este dinero no necesariamente se lo pague el próximo año, para darle oxígeno al Gobierno. No se trata de ahogar al Gobierno, con lo que le pague a las AFP o al fondo de los trabajadores, sino que le pague en un tiempo prudencial; pero este tipo de arreglos el Gobierno no los quiere. Lo que el FMLN está haciendo es exactamente, como cuando una persona recurre a un prestamista y esta persona, deudora del prestamista, en lugar de llegar a un arreglo de pago con él o en lugar de pagarle la cuota que le corresponde pagar, manda a matar al prestamista y ahí se acaba la deuda. Lo que está haciendo el Gobierno es matando los fondos de pensiones: como no te quiero pagar la tasa de mercado de los préstamos actuales, ni te voy a pagar los $1,300 millones acumulados, entonces, mejor hago una reforma donde te borro del mapa y me llevo los $4,800 millones que todavía tenés.

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Foto: DEM

¿Cómo afecta esta reforma a las personas que están en el sistema de reparto?

En el documento que circuló en el mes de agosto del año pasado, que fue el primer hervor de este sistema mixto, que el Gobierno quiere impulsar, aparece que para crear una división entre los cotizantes de las AFP y los cotizantes del ISSS y del INPEP, el Gobierno le pagaría un poquito más de pensión a los que se quedaron en el ISSS y en el INPEP y castigaría a los que se quedaron en las AFP o a los que optaron irse a las AFP.  Esa parte no está muy determinada, porque no tenemos el proyecto de ley que el Gobierno va a presentar, a mí me gustaría ver qué tratamiento le da el proyecto de ley, porque en la primera propuesta ellos hacían la separación, lo cual de entrada sería inconstitucional porque estaría violentando el principio de igualdad jurídica. Esto significa que en idénticas condiciones, usted no puede hacer una diferencia entre las personas. Todos son pensionados, sean del viejo o del nuevo sistema, todos son pensionados.

Usted habla de un castigo a los cotizantes del sistema nuevo…

Los castigaría porque, independientemente del salario que usted haya logrado hacer en su vida productiva o de los años de cotización que usted tuvo, le van a pagar una pensión mínima de por vida, de $207 (mensuales), en cambio, a aquella persona que trabajó, cinco, seis años en su vida productiva o que nunca trabajó y que, por ser pobre, tiene derecho a una pensión, de su dinero, de lo que usted ahorró y cotizó con el esfuerzo de 25 años de trabajo le van a pagar la misma pensión que le van a pagar a usted, $207 (mensuales).

¿Y cómo se calculan los $207 mensuales?

Esa es la pensión actual mínima que se está pagando en el sistema del Seguro Social y del INPEP. El criterio es: como esto es lo que se está pagando ahí, eso mismo le vamos a pagar aquí.

Lo que sí le puedo garantizar es que, al ser una pensión de monto único de por vida, es violatoria del principio de igualdad y ahí es donde nos va a afectar, porque probablemente, hemos hecho un esfuerzo académico, pues todo eso no le va a valer, porque la pensión va a ser la misma de aquel que nunca trabajó. Ese es el problema. Y no es un problema de egoísmos, sino de realidades.

 

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