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Política

“Se destapó la gran corrupción”

Gerson Chávez

sábado 10, diciembre 2016 - 12:02 am

claudia-umana-dtjLa presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Claudia Umaña, hace un análisis coyuntural del clima de corrupción en el manejo de los recursos públicos y los procesos investigativos que ya se han iniciado por enriquecimiento ilícito.

Señala que la Ley de Enriquecimiento Ilícito ha sido clave para iniciar las investigaciones, las cuales han puesto en evidencia la “gran corrupción” que hay en El Salvador y en sus instituciones.

Critica el trabajo de la Corte de Cuentas de la República y del Tribunal de Ética Gubernamental al no ser contundentes en sancionar a funcionarios públicos y dice que uno de los retos del próximo año será que la población tome “valentía” y se pronuncie contra la corrupción.

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¿Cómo y desde cuándo surge la idea de trabajar una semana de la transparencia?


Hemos tenido dos ediciones de esta semana. La primera fue el año 2006; Funde y Fusades organizaban estas semanas. En aquella oportunidad lo que conocíamos eran las buenas prácticas internacionales en la materia y se veían opciones de cómo podríamos tener inspiración internacional; pero, luego, hace tres años, iniciamos una nueva versión de esta semana de la transparencia. La idea que teníamos como consorcio es que estábamos unidos por la transparencia. Dos, ya había avances suficientes en esa materia y veíamos que se tenía que sensibilizar con diferentes conceptos a la sociedad salvadoreña, tener mayor conocimiento, tener un análisis, tener un documento escrito que se convirtió en el diagnóstico que es uno de los productos que da el Consorcio por la Transparencia que es un documento que recopila de forma trimestral los avances y retrocesos en esta materia.

En este último trimestre han salido una serie de casos, solo seis de enriquecimiento ilícito, tres expresidentes de nuestro país. Así que las personas, la sociedad está tan conmocionada que requería de un apoyo adicional, de interpretación de lo que estaba pasando.

 

¿Cuáles han sido los avances del país en el combate a la corrupción y en transparencia?

En este año hemos conocido grandes casos de corrupción, se destapó la gran corrupción. Eso es inédito, además en ese año se logró procesar con una ley de más de 50 años de vigencia, que es la Ley de Enriquecimiento Ilícito, a un funcionario público de alto nivel como es el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Leonel Flores). Se han iniciado otros seis casos y podemos ver que los grandes avances es la activación de la legislación para que ésta pueda ser operada; pero, todavía nos hace falta ver la parte más conclusiva y ahí entra la parte judicial.

También hay casos que, por su gran notoriedad, las personas han sido funcionarios de muy alto perfil, quienes le permiten a la ciudadanía llegar a altos niveles de indignación, de ver cómo los fondos que son tan escasos en el erario público, han sido despilfarrados, han sido mal utilizados, se han comprado una cantidad de bienes lujosos de casas y hemos visto la cara de la gran corrupción.

Eso ha sido desalentador, por una parte, ver la naturaleza humana sin pesos y contrapesos acaba en esa acumulación de poder y dinero que va en detrimento de las finanzas del Estado. Desafortunadamente, ha habido funcionarios públicos que ahora están cuestionados que en lugar de llegar a servir a la nación y a la República han llegado a servirse. Este año es diferente porque vamos a cambiar la forma en que vemos ahora el fenómeno de la corrupción; antes eran meros conceptos, ahora esos conceptos ya tienen cara. Podemos ver a las personas siendo enjuiciadas y eso va a servir para que las personas que ahora se acerquen a la política sean mucho más celosas de cuidar la ética y la probidad y que tengan menos atrevimiento a transgredir las leyes y cometer actos ilícitos.

 

¿Cuáles son actualmente los obstáculos para el combate de la corrupción?

Hay varios obstáculos, uno es la continuidad de la cultura de la opacidad, la falta de cooperación y coordinación interinstitucional, la poca activación de ciertas instancias como ha sido el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas que han estado de una forma pasiva viendo pasar la realidad, sin ejercer su rol.

Otro de los obstáculos ha sido cantidad de reservas que se han dado en materia de acceso a la información. Hemos visto también como un obstáculo el hecho de que no se honran ciertos compromisos que son de mera legalidad, por ejemplo: que el presupuesto general de la nación no lleve un proceso transparente para su elaboración y además que no veamos que estén incluidos todos los gastos. Por ahí comienza la falta de transparencia

 

¿Desfinanciado?

Desfinanciado, un presupuesto que no es real con todos los gastos del Estado. Son áreas de opacidad de la cual puede estarse nutriendo la corrupción.

 

¿Cuál es la deuda de este Gobierno en el combate de la corrupción?

Este Gobierno a través de la Secretaria de Transparencia ha dejado de tener una voz en estos momentos cruciales y eso es muy lamentable. Una voz que sea implacable en la lucha contra la corrupción y no que sea como ahora que se maneja más con criterio político. La Secretaría de Transparencia es una entidad muy política y no técnica y eso le ha quitado la importancia que debería de tener en lo que fue la idea original de esa secretaría. El Gobierno de la República ha continuado en esa opacidad en materia de dar a conocer los viajes de la presidencia, los gastos, los gastos publicitarios. Usted recordará que los peticionarios de la información de los viajes del expresidente Funes tuvieron que acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública y la secretaría no apoyó. En lugar de ver a una secretaría intentando colaborar sino solo mencionar con mucha pasividad que hasta habían perdido los archivos. Es una de esas grandes deudas que desafortunadamente han continuado en esta Presidencia, así como ha sido lo del caso de la camioneta de Casa Presidencial que atropelló a una persona.

 

¿Cómo se analiza que el Gobierno plantea ser transparente, pero niega información del accidente de la camioneta de Casa Presidencial que mató a una persona, y que el partido en el Gobierno ayude al expresidente Mauricio Funes a gestionar el asilo mientras es investigado por enriquecimiento ilícito?

A veces hay dobles estándares, se habla bonito a nivel conceptual; pero, luego en dos casos muy importantes, en uno claramente vimos esos apoyos al asilo que se le ha dado al expresidente Funes en Nicaragua, siendo así una forma para eludir la justicia.

No puede ser partícipe (el FMLN) de que un exfuncionario de tan alto nivel se haya asilado, argumentando que es por materia política, cuando claramente está evadiendo las investigaciones que se le están haciendo por enriquecimiento ilícito y así tratando de burlar la jurisdicción salvadoreña.

Lamentamos que la Presidencia y toda Casa Presidencial no hayan sido más enérgicos en la forma en que han tratado el caso Funes; asimismo, lo de la camioneta. Vemos dos casos en concreto en que ese doble discurso ha estado más que evidente. Al final lo que se pierde es confianza en las instituciones, confianza en que se aplica la ley con esa venda. Refiriéndonos siempre al Gobierno y al partido en el Gobierno han sido acusados por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de generar las amenazas a muerte en su contra.

 

¿Qué lectura hace de esta situación?

Como consorcio, esta semana hemos hablado de la libertad de expresión como un todo y la libertad de prensa como parte de esa libertad. Desafortunadamente, cuando hemos visto amenazas a periodistas, amenazas a integrantes de la Sala de lo Constitucional, vemos en ello el deseo de restringir y de evitar la independencia de personas y de instituciones. Eso es sumamente reprochable, tanto a nivel nacional como internacional. Justamente, como consorcio siempre vamos a alertar a las instituciones internacionales de esas amenazas que se le están haciendo a periodistas como a magistrados. Esa situación es uno de los grandes errores que se han cometido por parte de los gobernantes en este año.

 

¿Cómo interpreta que el Gobierno y el partido en el Gobierno estén tratando de limitar el sistema de pesos y contrapesos?

En un plano se está hablando del respeto de las instituciones y en el otro, en forma paralela, se están calentando cabezas para estar amenazando, para evitar que magistrados vayan a entregar Constituciones, para evitar a través del uso de elementos como amenazas, de restringir la libertad y evitar que sean los frenos y contrapesos.

Hay como ciertas preguntas que como sociedad nos tenemos que seguir haciendo. Como consorcio lo que decimos es que debemos tener baja tolerancia a las amenazas, a las restricciones a la libertad de expresión y libertad de prensa. Tenemos que ser sumamente proactivos y no dejar de poner el dedo en el renglón, porque estamos hablando de la misma esencia de la democracia.

 

¿Cree que podría llegarse en El Salvador a destituir a los magistrados de la Sala?

Creo que no existen las condiciones para eso. En el pasado se intentó, a través de los ataques que se hacían desde la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional, en este momento no lo visualizamos. Lo que sí hay un riesgo son las elecciones de los magistrados de segundo grado, en particular de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en 2018 vienen esas elecciones y ahí podrían más bien existir algunos incentivos que quienes los lleguen a reemplazar sean personas con menos independencia. Debemos asegurarnos todos los salvadoreños, así como la Asamblea Legislativa, que el proceso de elección de magistrados lleve todas sus fases, ciertos niveles de transparencia, mucha exigibilidad sobre la idoneidad de los candidatos a estos cargos.

 

¿Ven la necesidad que en El Salvador sea creada una comisión contra la impunidad como ha sido creada en Guatemala y en Honduras?

En el consorcio lo hemos analizado y si bien es muy interesante la figura, una figura como este tipo de comisiones, pues hay una negociación de carácter internacional con Naciones Unidas para que se dé dentro de un marco de legalidad y cooperación. Sin embargo, para que algo así existiera tuviera que existir la voluntad de parte del Estado para este tipo de apoyo y no lo hemos visto en El Salvador.

Por otra parte, es de reconocer que las instituciones adecuadas en ellas sí tienen la vocación y el potencial de funcionar. Ese es el apoyo que le estamos dando también al fiscal (general, Douglas Meléndez), en el sentido que esperamos continúe el trabajo muy activo siempre apegado a la ley y haciendo valer el rol que es el del fiscal que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal y que es el representante de los intereses del Estado. No siempre habíamos visto a un representante de querer transparentar una serie de situaciones.

Si después de esta fiscalía vemos qué es lo que sucedió a lo largo de tres años, cuáles fueron las lecciones aprendidas, si vemos que con buenos fiscales se puede lograr el mismo objetivo, no necesitaríamos de un apoyo de carácter internacional del mismo estilo de los otros países del Triángulo Norte. Pero, si esto ha sido como una golondrina que no logra hacer verano, pues entonces, ahí se tendrían que reconsiderar los apoyos para una CICIES.

 

¿Cuáles instituciones no están cumpliendo su rol en el combate de la corrupción y la impunidad en El Salvador?

En el diagnóstico que hemos hecho en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, hemos podido dejar señalado a la nación que, si bien en este año hay seis juicios civiles por enriquecimiento y hay desafueros como del general Atilio Benítez, y el caso de enriquecimiento ilícito de Luis Martínez, hemos visto la falta de actividad del Tribunal de Ética Gubernamental. En diez años de existencia solo ha tenido como 13 casos de sanción al año, vemos que realmente esto deja una gran deuda a la nación. Luego, la Corte de Cuentas ha sido una institución que a través de las décadas ha sido sumamente manipulada.

La Corte de Cuentas no solo no actuó con su potencialidad en este año, sino que además permaneció acéfala. Si no hubiera sido porque se dan cuenta que para la emisión de bonos tenían que tener a la Corte de Cuentas electa, no hubiera pasado nada (del proceso de elección).

 

¿Cuáles son los retos en el combate de la corrupción para 2017?

El 2017 va a estar interesante, porque todos estos casos (de investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios) solo se iniciaron en este año; pero, no hemos logrado ver cómo estos casos se van a seguir tramitando en todas las instancias. Si vamos a poder ver esa robustez de prueba o vamos a ver si se caen o no; si solo fue inicio de casos que y no terminaron el proceso. Ese es el gran desafío. Ahora digamos que la pelota pasa al ámbito judicial y eso va a ser un desafío a ver cómo funciona la justicia en El Salvador. El otro gran desafío es que como sociedad civil no nos volvamos a dormir, no es normal la corrupción y debemos denunciarla, usar las instituciones. Que

la legalidad sea la norma y cuando veamos a funcionarios que están actuando al margen de la

ley tengamos la valentía de la denuncia.




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