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Editorial & Opinion

Siguen sin entender el control constitucional

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 10, junio 2017 - 12:00 am

Hace unos meses la Sala de lo Constitucional admitió un proceso interpuesto por el abogado Boris Rubén Solórzano, contra las ternas de candidatos del IAIP que fue dirigido por la Comisión Especial del Ministerio de Economía (Minec), y el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, dado que en la elección se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, el cual está relacionado con el principio de legalidad y el derecho a optar a un cargo público de forma equitativa.

Ya que en el procedimiento que realizó la Comisión del Minec para la elección de las ternas a comisionados, incorporó a las asociaciones cooperativas, las cuales no se incluyen expresamente en el Reglamento y la Ley, como un sector definido para participar en la elección de comisionados del IAIP. Por lo tanto, desnaturalizó el proceso eleccionario al introducir a nuevos agentes a participar sin estar legitimados; es decir, la elección tenía por objetivo neutralizar el derecho de las gremiales empresariales, así mismo se les impidió votar mediante apoderado al establecer que no es posible “intermediación alguna”, lo cual implica agregar un obstáculo que no está contemplado en la LAIP y que sin duda alguna cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que una persona puede ser representada por otra mediante un poder otorgado ante notario, tal como lo establece el Código Civil vigente.

En consecuencia, la intermediación es legítima, incluso una persona que desee contraer matrimonio que su estatus migratorio le impida venir a El Salvador, puede casarse mediante un representante con poder especial para tal efecto. En ese sentido, no solo queda en evidencia la mala fe del Gobierno del FMLN, de querer excluir a la empresa privada, para que ejercite su derecho eleccionario, sino que lleva en sí, el ánimo de controlar el IAIP.

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Todo ello tiene que ver con el desgaste que ha tenido el Gobierno del FMLN con el actual IAIP, por todas las resoluciones que valientemente han emitido, donde les exigen a las instituciones del Estado revelar información oficiosa que es de carácter público, y que se niegan a publicar por temor a que la población se entere de las deshonestidades y abusos que cometen con los recursos públicos y los bienes fiscales; además de ello los encargados de publicar la información llevan la consigna estatal de maquillarla lo más que puedan, de modo que el pueblo continúe estando en el oscurantismo y desconocedor de los abusos de los funcionarios. No obstante, a cuatro años de haberse creado el IAIP, se ha tenido un avance muy significativo en el fortalecimiento de la información pública, tanto es así que el IAIP ha impuesto multas cuyo monto asciende a $88,556.74, tanto por no entregar información pública, como por manipular o destruir documentos. Pero de esa cantidad, solo $3,405 se ha cancelado, ya que la mayoría de funcionarios sancionados ha encontrado una manera de evadir su responsabilidad, al utilizar la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Entonces, tenemos un escenario de resistencia de los funcionarios públicos, ya que no quieren que el pueblo tenga acceso a la información; muestra de ello fue el desafío jurídico, donde se obtuvo una resolución favorable en la que se le ordena a Capres que dé a conocer los gastos de viajes del expresidente Funes; pese a la resolución, la información fue negada, aduciendo que los expedientes se habían extraviado, luego que no los encontraban, y así sucesivamente; hasta el día de hoy se desconoce la información, pero milagrosamente Capres sí tenía los gastos de viajes de anteriores expresidentes.


De modo que el IAIP, se ha convertido en una piedra en el zapato del FMLN, como una mini Sala de lo Constitucional que está poniendo de cabeza sus planes; por ello es fundamental tomar el control del IAIP; por ello quieren imponer sus candidatos que son dóciles y serviles a sus intereses, tal como lo hacía ARENA, para cubrir todo vestigio de corrupción. Sin embargo, la verdad siempre sale a luz, y para mala suerte de ARENA, ya están saliendo a luz todos los despilfarros y abusos de recursos públicos que hicieron en su tiempo. Entonces, no es que la Sala de lo Constitucional, tenga una agenda partidaria como lo ha hecho ver el FMLN, es que simplemente no cumplen con los procedimientos que la ley establece.




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