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OPINIONYa en otras ocasiones hemos tocado el tema de lo que es una amnistía y con qué fines se da. Recordemos que esta institución se vuelve una necesidad cuando las condiciones políticas de un  gobierno reclaman la superación de un problema con el “olvido y perdón” de determinadas situaciones que no se pueden superar con el cumplimiento estricto de la ley, debido a que el riesgo de que la situación, lejos de resolverse, se agrave más todavía, y ello por la incapacidad o debilidad del gobierno para imponer su autoridad sobre sectores representativos que de otra forma no se pueden contener.

De esa forma, los actores de un conflicto, llegan a acuerdos en los que pactan condiciones que permiten encontrar salidas en forma pacífica, todo en bien de la comunidad o la nación, sin continuar el desgaste que el conflicto produce. Recientemente, la Sala de lo Constitucional ha resuelto que la Ley de Amnistía, decretada como elemento básico y esencial para terminar la guerra civil de los años 80, es inconstitucional.

Con esta sentencia, que jurídicamente puede ser correcta, se abre en el tiempo-espacio, una nueva dimensión que, de manejarse en forma poco responsable, puede llevarnos a un teatro político que podría ser comparable a un inicio de una situación más complicada en el desarrollo histórico de El Salvador, por cuanto que la sentencia pronunciada podría significar un peligroso retroceso político.

Cierto es que de alguna manera muchas personas, entre ellas muchos personajes de gobierno, se podrían ver involucrados en episodios oscuros sucedidos dentro de la guerra, y que volverían a la memoria y con ello a la recreación de hechos tristes, y violentos, que las generaciones pasadas comenzaban a olvidar, y para las generaciones que no vivieron ese fatídico pasado, estarían conociendo y evaluando todo, sin necesidad, pero con los efectos emocionales que a cualquier ser humano le causan.

Desde hace mucho tiempo hemos sostenido que en la memoria histórica de una nación se registran innumerables hechos que algunos casos provocan más o menos efectos en la población, y es la madurez de los políticos la que podrá moldear a favor o en contra dichos hechos, para que lo negativo no se repita y, de esta forma, se eviten más perjuicios para los habitantes del país.

El órgano judicial –entre los tres órganos del Estado- es el que deberá utilizar lo menos posible los criterios políticos para conducir la justicia, pero al mismo tiempo necesita evaluar los efectos de su actuación, en la pacificación y regularización de la vida nacional.

Lo actuado recientemente por la Sala de lo Constitucional con relación a la Ley de Amnistía producirá profundos efectos en el ánimo de la población, que de alguna forma empezaba a pasar la página de la guerra, e iniciaba una época de comprensión entre la población. Porque si alguien tenía la idea que solo un lado de la coyuntura política reaccionaría ante la

derogatoria de la referida ley, estaba ciento ochenta grados equivocado, porque lo que se puede venir es una reactivación primero ideológica de la lucha ya superada, pero posteriormente, (y con la presencia de las maras estamos en un caldo de cultivo) será muy fácil regresar a las acciones delincuenciales que protagonizaron los políticos del pasado.

Lo que  queremos expresar es que si bien las máximas autoridades judiciales deben realizar sus mejores esfuerzos en resolver las instancias judiciales con los mejores criterios y con las más recientes doctrinas jurídicas, no deben perder de vista los efectos prácticos que sus resoluciones pueden acarrear en la sociedad que deben proteger. Por nuestra parte, no descartaríamos como medida de solución al problema que se avecina con la declaración de inconstitucionalidad de la citada Ley de Amnistía, decretar una nueva ley, que borre nuevamente y de una buena vez para siempre los rencores y resentimientos que dejó la guerra terminada con los acuerdos de paz. La amnistía fue esencial en el proceso de paz, y anularla alterará la esencia de los acuerdos, y se convierte en traición a lo pactado.

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