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Editorial & Opinion

Transparencia versus corrupción

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 18, mayo 2018 - 12:00 am

El concepto de corrupción hace referencia a la descomposición, pérdida de la naturaleza original, degeneración y hasta perversión de algo. La frecuencia con que se presenta en el ámbito político y burocrático avisa una generalización del fenómeno como vicio social, por prácticas inveteradas, desenmascaradas gracias al imperio del principio de transparencia y de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En los considerandos de dicha Ley se expresa que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconocen la transparencia, el derecho de acceso a la información y la obligación de las autoridades a la rendición de cuentas de la gestión pública, como herramientas idóneas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

La corrupción se produce cuando hay aprovechamiento abusivo del cargo por un funcionario o empleado público, quien se vale de su posición para obtener algún beneficio económico; también es un mecanismo ilícito para la obtención de prebendas y dádivas. Nuestra legislación sanciona casos de enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio e impropio, malversación e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos.

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El doctor Reynaldo Galindo Pohl se refirió a la corrupción en un estudio sobre Maquiavelo, en los términos siguientes: “Maquiavelo insistió en que la corrupción era uno de los hechos más negativos para las comunidades políticas y que acarreaba tremendas cuitas. Abundó en la descripción del cortejo de males que la corrupción llevaba consigo, y sobre el particular elaboró máximas e incluso algunas leyes, dado que sus consecuencias nefastas venían comprobadas desde todos los tiempos y en todas las formas de Estado y de gobierno. Además, fue éste uno de los pocos puntos en que la razón política coincidió por entero con la moral, pues Maquiavelo no admitió ni un solo caso de excusa, y ni aun remotamente asoció la corrupción con el éxito político. Observó que los gobernantes se pueden corromper, pero que el pueblo jamás se corrompe; y por lo tanto, el pueblo preserva las fuerzas regeneradoras y representa el mejor capital humano de cada sociedad política”. Añade: “En todas sus formas, y por acción u omisión, y aun por simple alcahuetería, la corrupción es el flagelo más debilitante y desmoralizador de los Estados de antes, de hoy y de siempre. De las amenazas que constantemente asechan a la libertad, la corrupción es la más destructora, con ella nada ni nadie puede preservar la libertad”. Y citó así al genio florentino: “Cuando el material humano es corrupto, la legislación es ineficaz, a menos que alguien pueda imponer obediencia muy fuertemente y por tiempo suficiente para que aquel material devenga bueno”.

El concepto sancionador de la corrupción tiene la dificultad de seguir el estricto modelo penal de tipificación de actos punibles individuales, en tanto se complica su erradicación al manifestarse en  hábitos sociales o prácticas institucionales, o simplemente cuando la actividad es cometida por muchos. Es difícil que los actos se descubran, adviertan o comprueben, por la complejidad, variedad o carácter  subrepticio, en su producción intencional de persistencia o lucro. Ello explica el necesario enfoque constitucional de la probidad, donde el enriquecimiento ilícito simplemente se presume.


La corrupción no se resuelve solamente desde el Poder Judicial, pues la tarea de la justicia es insuficiente. En un medio cultural de corrupción generalizada, la solución jurisdiccional castiga de manera eventual algunos casos; pero el mal subsiste, por las formas sofisticadas del crimen enraizado. Ante ello se instaura la obligación de transparencia y publicidad en la gestión, el deber de abrir los registros y la documentación a todo el mundo y la protección del derecho del pueblo de acceso a la información, particularmente a periodistas. A partir de ello se trata de hacer valer los efectos punibles de la información recabada en virtud de la transparencia.

Puesto que la corrupción es un abuso de poder en la función pública para la ganancia privada, es necesario ir más allá de medidas burocráticas de supervisión: implantar políticas de Estado y fortalecer las competencias de la Fiscalía General de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. La profundidad del problema es innegable.




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