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OPINION

La Ley Procesal Constitucional es materia pendiente y es un camino de solución abierto en el contexto de las diferencias surgidas en torno a la Sala de lo Constitucional. La Asamblea Legislativa tiene un proyecto de ley desde hace más de doce años y su adopción podría resolver muchos de los problemas surgidos para el funcionamiento de la Sala. Este instrumento debe regular importantes materias necesarias para la credibilidad del tribunal constitucional, que genere confianza, que produzca seguridad jurídica, y que los procesos tengan un marco de referencia que haga predecibles los resultados, o sea, que garantice seguridad jurídica. En ausencia de la misma, la actual Sala de lo Constitucional ha aplicado el método discrecional o  pretoriano en la sustanciación de los asuntos que conoce, dado que la actual ley no tiene los mecanismos y disposiciones que la realidad del momento demanda.

El anteproyecto de ley, en el escritorio de los diputados, subsanaría la  preferencia de la Sala de recurrir a la aplicación directa de la Constitución, de crear especiales formas de interpretación (Derecho Pretoriano), que inclusive han llevado a introducir virtuales mutaciones en el sistema jurídico primario. Ello ha impulsado a la Asamblea Legislativa y sectores políticos afines, o en concordatos políticos con el Gobierno, a promover acciones destinadas a destituir a los magistrados de la Sala.

Sobre este punto debo insistir en que, según mi opinión, por muy loables que sean los propósitos de la Sala de crear mayores espacios para  la aplicación de los derechos fundamentales, los efectos de las sentencias interpretativas de la Sala pueden implicar la reforma de la Constitución, como ocurrió con las candidaturas no partidarias, y otras, que  han convertido a la Sala en legislador positivo y en poder constituyente.

La Sala, en estas circunstancias, debería informarlo a la Asamblea Legislativa para que ésta, en uso de sus facultades constitucionales emita las reformas constitucionales pertinentes, de manera de no interferir en facultades constitucionales de otro Poder del Estado con el riesgo de generar choques entre ambos.

Cuando se formó la idea que la reforma del art. 85 estaba perfeccionada con la Sentencia de la Sala, se produjo un impacto dramático en el ámbito político, social, jurídico y especialmente en la estructura de gobierno, que fue el germen del descontento, ruptura y ambiente hostil gubernamental, que se ha manifestado en actos de agresividad verbal. En el momento actual ha resurgido la polémica a causa de la exclusión de los 84 diputados suplentes. Además de los fallos de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, tema meta jurídico, de actualidad. La euforia que despertó la primera sentencia y los recelos y preocupaciones por las últimas, puesto que según algunos ciudadanos se terminaría con la partidocracia y la impunidad en El Salvador, los ha llevado a sostener que  mediante sentencias se puede reformar la Constitución.

Además del riesgo de incursionar en esos terrenos, creo que es necesario tener una ley de la jurisdicción constitucional moderna, técnicamente elaborada, que desarrolle razonablemente la organización y funcionamiento de la Sala, que sin destruir la personalidad, la calidad y la discusión de las sentencias, establezca, además, un mínimo de garantías para los ciudadanos que sus demandas serán resueltas en el marco de la Constitución y la ley. Debemos tener presente que si bien es cierto que los  magistrados actuales gozan de prestigio y tienen capacidad y honorabilidad reconocidas, no se  sabe lo que depara el futuro y debe temerse que la Sala se  forme con jueces que hagan de la carencia de los instrumentos legales una oportunidad para utilizar métodos inadecuados para torcer el derecho y viciar los objetivos de una jurisdicción primaria y superior, que por ahora, con sus aciertos y errores, se ha mantenido en el marco de lo decente y de lo honesto.

La Sala, al conocer exclusivamente los procesos constitucionales, tiene una jerarquía superior a las otras Salas y a la misma Corte (arts. 174 y 183 Cn). Una ley procesal constitucional es necesaria y existe en todos los órdenes constitucionales occidentales; un impulso generado desde la misma Sala, a su propia ley, sería una muestra elocuente de un propósito de armonización con los otros Poderes del Estado.

 

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