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Editorial & Opinion

Un impuesto para combatir la corrupción

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

Miércoles 15, Marzo 2017 - 12:00 am

Durante el foro “Impunidad, pasado y presente”, realizado la semana recién pasada, el fiscal Douglas Meléndez expresó en reiteradas ocasiones que el presupuesto que el Gobierno le destina a la Fiscalía no es suficiente para el trabajo que se le exige. Esto es una realidad que no tiene ninguna discusión: para dirigir la investigación del delito, para promover la investigación y el enjuiciamiento de los corruptos se requiere de un mayor financiamiento que permita contar con más recursos humanos y materiales.

En julio de 2016, el fiscal pidió presupuesto de $80 millones, pero la Asamblea Legislativa le aprobó $44 millones. Hoy los diputados discuten si se puede destinar una proporción del impuesto a las telecomunicaciones a la Fiscalía General.

Aquellos que ahora claman al cielo por una CICIES deberían verse en el espejo del país vecino: en Guatemala en noviembre de 2015 ante la carencia de recursos en el Ministerio Público, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, propuso la creación de un impuesto especial transitorio a grandes patrimonios, con el fin de duplicar los fondos destinados a fortalecer la investigación criminal, la persecución penal y otras áreas relacionadas al combate de la corrupción y la impunidad en ese país.

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“Si en realidad se quiere un proyecto exitoso en la lucha contra la impunidad, es indispensable conformar un fuerte aparato de investigación y persecución criminal, suficiente en número y altamente capacitado con avances tecnológicos para realizar investigaciones de calidad. Para un proyecto de esta envergadura, se necesita de más recursos económicos y bastante puede contribuir el empresariado, que repetidamente reclama la acción de la justicia contra las estructuras criminales que desangran las finanzas públicas”, expresó el Jefe de la CICIG.

Meses después se retomó el planteamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La respuesta al planteamiento la hizo el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que presentó la iniciativa “Ley de Financiamiento Adicional para el Combate a la Corrupción y para el Fortalecimiento de la justicia y la Seguridad Ciudadana”. No hubo consenso en el parlamento guatemalteco para viabilizar la aprobación de dicha disposición.

Finalmente la propuesta de Iván Velázquez, tampoco prosperó: cayó en terreno estéril. Causó una controversia momentánea, y a partir de diciembre de 2015 quedó en el olvido, hoy nadie en Guatemala habla de crear nuevo impuesto para dar más recursos al Ministerio Público en Guatemala.

No hay duda que para reducir los niveles de impunidad y corrupción es vital que se garantice el derecho a una justicia pronta y efectiva y esto comienza con un presupuesto adecuado para la Fiscalía. Aumentar los recursos públicos, para tener más presupuesto para la Fiscalía supone modificar la política tributaria del país, dotándola de una estructura progresiva, es decir, que como parte de la equidad impositiva se garantice que paguen una proporción mayor de impuestos aquellos que cuenten con mayores ingresos.

La existencia de un organismo llámese CICIES o como se le llame no es viable. Ni el gobierno ni la Embajadora lo consideran posible: Óscar Ortiz aseguró que el país no necesita de una CICIES para que investigue, junto a la Fiscalía, delitos de corrupción, lavado de dinero y otros de crimen organizado. “Nosotros no necesitamos que ningún organismo internacional nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer”, dijo Ortiz y la embajadora ha declarado que su país sigue apoyando en este momento a las instituciones salvadoreñas. Un organismo extranjero no transformará a El Salvador, sino que esa tarea es de todos nosotros: los salvadoreños.

No se trata de negar la necesidad de la cooperación internacional en materia de combate a la corrupción y a la impunidad que nos agobia. Se requieren esfuerzos de grandes dimensiones, así como el apoyo técnico y financiero de las organizaciones internacionales y los donantes. La capacitación, la transferencia de tecnología, es bienvenida. Siempre y cuando se respete la soberanía, la Constitución y los Asuntos Internos de la República.

El problema de la corrupción en el país es estructural, no es de este gobierno, ni del anterior, es de décadas, es una gigantesca corrupción con impunidad que ha existido siempre en el país. Hoy es necesario ocuparse en la construcción del Estado de Derecho y trabajar por conseguir una justicia fortalecida e independiente, eso es lo que estoy seguro todos los salvadoreños, sin importar ideologías políticas, anhelamos para nuestro país.




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