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Editorial & Opinion

¿Un presupuesto para el desarrollo?

Ricardo Castaneda Ancheta / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 18, enero 2018 - 12:00 am

Para saber qué nos espera como país para 2018, un buen parámetro es revisar el Presupuesto General de Estado. Sin lugar a dudas, que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo en plena campaña electoral para aprobar el presupuesto es algo positivo, pero, ¿por qué se tuvo que esperar tanto para aprobarlo? La respuesta tiene más elementos políticos que técnicos. De hecho, si uno revisa el presupuesto aprobado, respecto al proyecto presentando en septiembre por el Ministerio de Hacienda, aunque son varios cambios, no varía en esencia lo que se presentó.

Por el lado de los ingresos, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa contiene un incremento de USD151 millones respecto al proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, de los cuales USD65 millones corresponden a un aumento de las transferencias de la SIGET y CEL al Gobierno Central, y USD86 millones a un incremento de la recaudación, con el cual la carga tributaria alcanzaría en 2018 el 15.8 %; en el proyecto se había presupuestado una carga de 15.7%.

El presupuesto aprobado contiene recortes a la Corte Suprema de Justicia por un monto de USD6.9 millones y al Ministerio de Hacienda por USD46.1 millones, sin especificar qué líneas presupuestarias se van a afectar. Aunque en el articulado aprobado aparece un recorte de USD53.0 millones correspondientes al pago de las pensiones; esto es más bien un juego contable, pues esas obligaciones sí se van a pagar solo que ahora a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Sinceramente, esto fue un error, pues era más conveniente que el pago de pensiones se mantuviera tal como se había presentado por parte del Ejecutivo, pues esto transparentaba en el presupuesto los recursos necesarios para hacer frente a estas obligaciones.

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De los incrementos en los ingresos y de los recortes realizados, la Asamblea Legislativa decidió destinar USD53 millones a diversas instituciones. Creo que este fue uno de los puntos importantes de la negociación: cómo repartir ese dinero, dónde se incluyen los montos más significativos para incentivar el parque cafetalero, atención de veteranos y excombatientes del conflicto armado, infraestructura escolar, medicamentos, recursos para las próximas elecciones y para el escalafón del Ministerio de Salud, por mencionar algunos. Pero también se incluyeron una gran cantidad de transferencias a organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, empero, ¿qué criterios utilizaron para seleccionar estas instituciones? ¿No sería mejor entregar estos recursos a las instituciones públicas para fortalecerlas y encaminarse a ofrecer bienes y servicios públicos universales? Por cierto, todos estos cambios se hicieron a puertas cerradas, lejos de la Comisión de Hacienda, instancia donde se tenía que discutir el proyecto de presupuesto; alejados del escrutinio público y sin la posibilidad de que la sociedad civil participara. Una práctica lamentable que le resta legitimidad y le agrega opacidad a la política fiscal salvadoreña.

Al final de cuentas, el presupuesto aprobado para 2018 representaría el 18.6 % del PIB, por debajo de la estimación de cierre del presupuesto ejecutado en 2017 (19.0 %) y en 2016 (19.1 %). Para algunos, esto es muy bueno pues se va a gastar menos y se va reducir el déficit fiscal, por lo que el bienestar de las cifras será mejor. Sin embargo, esto es un enfoque de austeridad fiscal pernicioso; pues, por ejemplo, el ramo de educación ha venido sufriendo reducciones desde 2015 en su presupuesto, año en que alcanzó el 3.6% del PIB, lo que provocaría que en 2018 solo represente un 3.2 % del PIB. Similar situación enfrenta el ramo de salud: después de alcanzar una asignación del 2.4% del PIB en 2013, en 2018 sería de 2.1 %.


En síntesis, ¿de qué sirve reducir el déficit si es a costa de que en los hospitales no haya suficientes medicinas o que el Estado no cuente con la capacidad financiera para que más niños y niñas vayan a la escuela? El presupuesto aprobado antepone las prioridades financieras sobre el desarrollo del país. Y eso es un craso error.




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