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El 1 de junio por la mañana se presentó el presidente Salvador Sánchez Cerén a rendir su informe de labores en la Asamblea Legislativa. Cumplía tres años desde que asumió la presidencia. El último ha sido el más complicado. A pesar de, incluso, reiterar ese día la necesidad de lograr un acuerdo fiscal, en la práctica hasta ahora no ha sido capaz de liderar un esfuerzo de esa naturaleza, más allá de las negociaciones a puerta cerrada con Arena. O quizá eso es lo que entiende por acuerdo: sentarse con la oposición, en la opacidad negociar el futuro del país, sin la población, luego salir y decir que lo logrado es lo más que se puede alcanzar de mutuo acuerdo. Pero nadie sabrá quién propuso qué, los intereses de quién se protegió, ni a cambio de qué se negoció.

Lo cierto es que si no se corrige la situación fiscal del país, los compromisos que adquirió este Gobierno en su plan quinquenal no habrán sido más que buenas intenciones. Los indicadores muestran un deterioro en las condiciones sociales y las perspectivas indican que se pueden agravar, mientras se continúe la lógica de recortar gasto sin importar si son de los ramos de educación y salud, como ya sucedió en abril.

Pero el cuarto año empezó con un regalo para el Presidente, que le fue dado por todos los partidos en la Asamblea Legislativa, quienes en la tarde de ese 1 de junio aprobaron el decreto cuyo nombre está lleno de buenas intenciones: «Ley transitoria para regularizar la situación tributaria de los contribuyentes y facilitar el pago de obligaciones tributarias a favor del Estado»; pero cuyo contenido es un verdadero regalo fiscal envenenado para el Presidente. Llama la atención que este decreto de amnistía fiscal fue a iniciativa de los propios diputados y no contó con un estudio técnico elaborado por el Ministerio de Hacienda, quien es el ente rector de la política fiscal en el país.

En el artículo 2 de este decreto, se establece que para aquellos contribuyentes que no hubieran presentado sus declaraciones entre 2009 y 2016, es decir, que no hayan cumplido con sus obligaciones, se les dará una tasa de impuesto sobre la renta inferior a la que pagaron los ciudadanos y empresarios que presentaron sus declaraciones oportunamente. ¡Vergonzoso! El mensaje es, entonces, no cumpla con sus obligaciones ahora, porque luego le daremos un premio. Un golpe mortal a la moral tributaria.

Adicionalmente, el decreto dice que el monto a pagar no podrá ser inferior a USD500; es decir, si usted es un pequeño contribuyente no aplica para usted este decreto, lo que se constituye en un tratamiento privilegiado para los contribuyentes con más ingresos. ¡Viva la falta de equidad en el país!

Y la joya de la corona es el artículo 21, que establece que quienes se acojan a este decreto y paguen los montos expresados en las declaraciones de impuestos presentadas y/o ampliadas, no serán fiscalizados por la Dirección General de Impuestos Internos ni por la Dirección General de Aduanas. Es decir, los diputados y diputadas le mandan a decir a la administración tributaria que no pueden hacer su trabajo, que es el de fiscalizar para evitar la evasión de impuestos. ¡Inaceptable! Esto se constituye en un ataque a la administración tributaria salvadoreña y a las posibilidades de luchar contra las altas tasas de evasión de impuestos que existen en el país.

Señor presidente Sánchez Céren, los diputados ya le enviaron el regalo; pero usted lo puede rechazar (vetar). Evite que su cuarto año de administración arranque con la aprobación de una ley que a todas luces es ilegítima, va en contra del bienestar de la sociedad salvadoreña y otorga privilegios injustificados para quienes no han cumplido sus obligaciones fiscales ni a tiempo ni a cabalidad. Al Presidente y a los ciudadanos les toca decir basta ya a una clase política que quiere seguir aprobando agujeros disfrazados de remiendos. Sus irresponsables actos destruyen el bienestar de la sociedad salvadoreña.



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