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Editorial & Opinion

Una ley electorera, una ofensa a la población

lunes 23, febrero 2015 - 6:49 pm

El 11 de febrero del corriente año, el Gobierno  presentó a través del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el proyecto de Decreto Legislativo que contiene la “Ley Especial  Contra el Delito de Extorsión”. Desde el primer momento me pareció que este proyecto se trataba de un engaño que se le vendía a la población, para poder  influir en la campaña electoral que vivimos, a favor del partido de gobierno; no me equivoqué, me tomé el trabajo de estudiar someramente  el proyecto y me doy cuenta que es más de lo mismo.

El proyecto no es más que un panfleto que no resuelve nada en materia de seguridad pública; contiene disposiciones como el Art. 4 del proyecto en el que en lugar de aumentar la pena en la proposición y conspiración en el delito de extorsión,  la que es de 10 a 15 años la reduce de dos a cinco años . “Es evidente que el gobierno quiere ser duro con los extorsionistas”.

Otras disposiciones violentan el debido proceso, como el caso del Art. 5, que manifiesta que “la investigación podrá realizarse de oficio sin que sea necesario denuncia alguna”. Si no hay denuncia, cómo se investigará de oficio, si debido a lo complejo en la investigación, la extorsión no procederá sin denuncia alguna, ya que violenta los derechos del indiciado porque cualquier persona podría por malicia o dolo acusar a otro sin ninguna prueba, al no haber denuncia, prácticamente este artículo quedaría como letra muerta  ya que no se podrá aplicar.

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Otras disposiciones como los Arts. 12, 13 y 14 de este proyecto, ponen obligaciones y sanciones a las Operadoras de Redes Comerciales de Telecomunicaciones, para que bloqueen las señales a los Centros Penales, no importando afectar sectores aledaños, no importando afectar a terceros, argumentando que se está afectando el interés privado en beneficio del interés general, el argumento es correcto aunque inadecuado porque no se va a solucionar el problema de las extorsiones, arrasando con los derechos de la Sociedad Civil.

Con estas disposiciones, lo único que hace el gobierno es correr del país a los inversionistas en Telecomunicaciones; además, solo falta que el brillante equipo de gobierno que lo  elaboró, proponga que se derogue  el Código Penal y Procesal Penal y se empiece una nueva legislación, creando leyes especiales por cada delito, es decir: una ley especial para el robo, otra ley especial para el homicidio, etc.  y así frenar el problema nacional de la delincuencia.


No quiero ser  negativo, pero con este tipo de proyectos no vamos a ninguna parte, lo que se debe de hacer en lugar de leyes electoreras que nos ofenden, es aplicar las leyes vigentes, basta con que el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, le ordene al Director General de Centros Penales, que se amarre los pantalones y aplique la Ley Penitenciaria con todo el rigor, entonces vamos a empezar a parar las extorsiones.

Para concluir con el pastel de la seguridad nacional hay que ponerle la cereza y el gobierno nos anuncia que para poder aplicar esta clase de proyectos de ley y resolver el problema que nos agobia es necesario la pequeña suma de $200 millones, que debemos de conseguir a como dé lugar, ya sea con préstamos internacionales; y porque no también se necesita de un nuevo impuesto para la seguridad.

Bonito el panorama que se le muestra a Juan Pueblo.   Que Dios nos Ampare

 




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