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Editorial & Opinion

Una mirada hacia los datos personales

Jaime Mauricio Campos Pérez / Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública @jaimecamppos

Miércoles 26, Octubre 2016 - 12:00 am

OPINIONProbablemente mientras usted se dispone a pagar la cuenta en algún supermercado o se encuentra visitando un centro comercial, un dependiente le ha preguntado si desea participar en alguna rifa o sorteo, a cambio que le proporcione sus datos personales.

El nombre, domicilio, nacionalidad, número de documento de identidad, correo electrónico, número telefónico, tipo de sangre, firma o huella digital, son algunos ejemplos de datos personales; es decir, información privada concerniente a una persona física, identificada o identificable, y que la describen, precisando su origen o edad, y que incluso pueden servir, cruzándola con otra información, para determinar atributos o cualidades como su trayectoria académica, laboral o profesional.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) protege los datos personales, pero únicamente aquellos en posesión de las entidades del Estado y que se encuentran en sus archivos, bases de datos o cualquier tipo de registro.

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Por ejemplo, cuando se inscribe una partida de nacimiento, el informante entrega datos personales; lo mismo ocurre cuando se obtiene el documento único de identidad, pasaporte o licencia de conducir; cuando se registra una propiedad, se participa en un censo o se adquiere un crédito ante un organismo estatal; cuando se realiza un movimiento migratorio, o se acude a la consulta médica en un hospital nacional o una clínica del Seguro Social. Toda esta información personal debe ser tratada con exactitud y confidencialidad por las instituciones públicas o concesionarias responsables, y de conformidad a la finalidad con que ha sido recabada.

La protección de estos datos es una misión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quizá muy poco conocida y desarrollada, que ha garantizado a las personas el acceso a su información contenida en expedientes clínicos, o a saber su calificación e historial crediticio en el sistema financiero. Pero el ámbito de protección a los datos personales es más amplio porque, además del derecho de acceso, incluye la rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento, lo que se conoce como “derechos ARCO”.

Con todo, el alcance de la LAIP es muy limitado porque no incluye al sector privado, que es donde existe un tratamiento masivo de datos. La tendencia en los países que cuentan con leyes de acceso a la información pública es asegurar también la protección de los datos personales, no solo aquellos en posesión de entidades estatales, sino de particulares.

Su potencial es enorme; de hecho, en México, se calcula que existen más de cinco millones de responsables; es decir, personas naturales o jurídicas de carácter privado que deciden sobre el tratamiento de datos personales, y ello obligó a duplicar el presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En nuestro país es importante que se legisle sobre esta materia, pues el intercambio de la información personal redunda en el crecimiento económico, comercial y social. En América Latina, únicamente Uruguay y Argentina han sido considerados como países adecuados para adherir, como Estados no miembros, al Convenio N° 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Estrasburgo, 28.I.1981) y a su Protocolo Adicional, lo que les permite intercambiar información entre sí. Por eso saludo la iniciativa del Ministerio de Economía, el IAIP y representantes del Registro Nacional de las Personas Naturales, de formular un anteproyecto de “Ley de Protección de Datos”, que garantice el derecho humano fundamental a la protección de datos personales y a la privacidad.




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