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La superación del clima de inseguridad, violencia y criminalidad es central en el debate nacional. De la aproximación que alcancemos en la comprensión de las causas, efectos y desarrollo de este complejo fenómeno depende la construcción de un firme compromiso que nos involucre a todos y nos lleve a una acción concertada de la sociedad para sobrepasar la crisis.

El camino tiene varias estaciones: un creciente proceso de control territorial con modalidades diferenciadas y específicas para los territorios más conflictivos; una correcta combinación de factores de represión, prevención y mecanismos de reinserción; acciones que establezcan barreras de contención en los territorios menos contaminados por la violencia y por supuesto, llegar a la médula del problema, la pobreza y la exclusión.

Este momento exige multiplicar esfuerzos para la coordinación de las políticas públicas entre las instituciones y su articulación con el resto de actores locales, teniendo por meta el surgimiento o consolidación de un tejido comunitario que le empodere en su espacio para construir su propio desarrollo, en función de un nuevo marco de convivencia social.

En este sentido, y de acuerdo al nuevo momento, es muy importante y oportuna la decisión del ejecutivo de crear un Viceministerio de Prevención, bajo la cartera del Ministerio de Justicia y Seguridad, que permitirá articular distintos esfuerzos aún dispersos; recordemos que ésta es la principal herramienta para proteger a nuestra infancia del ingreso a grupos del crimen. En paralelo, en la medida que damos pasos de mayor control en los territorios, también lograremos profundizar los programas que aseguran el desarrollo humano, aspecto preventivo medular para consolidar la tranquilidad y la paz social, y por tanto afianzar la confianza necesaria que acelere el progreso económico sostenible con la suficiente generación de empleo.

Los hechos del 3 de marzo en San Juan Opico, así como la quema de un microbús en Mejicanos aquel 17 de junio de 2010, estremecieron la conciencia nacional y hoy abren una coyuntura cuyo resultado es un proceso de unidad nacional por la seguridad contra la criminalidad pero en el que evidentemente las telefónicas aún no contribuyen en la medida necesaria.

Sin embargo, el trabajo conjunto de los diferentes poderes del Estado empieza a mostrar sus frutos y el rédito de una solución es atribuible a la contribución de cada actor político y social. Se aprobaron las “Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión”; además el ejecutivo formula, discute y garantiza los recursos necesarios para la ejecución de los planes con la legislatura -Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad-.

El éxito de la implementación de estos planes de seguridad está en el adecuado tratamiento de prioridades al seccionar el problema. Lo primero es asegurar la capacidad del Estado del absoluto y estricto control de los centros penitenciarios, partiendo del comprobado hecho de que desde ahí funcionan nidos de mando de los grupos criminales para extorsionar, intimidar y ordenar crímenes. En consecuencia, la efectividad de esta fase radica en el corte y desmantelamiento total de toda forma de comunicación entre los recluidos en los centros penitenciarios identificados y el exterior.

En este caso, aunque la telefonía celular y el internet para las redes sociales no es la única forma de comunicación sostenida por estos grupos criminales, sí es la más importante y ágil para extorsionar a la ciudadanía y las empresas. Es lamentable que después de muchos meses de denuncia y presión, y del anuncio de los mismos concesionarios telefónicos comprometiéndose al corte de señal en el perímetro de los centros penitenciarios, tanto la población como los medios de comunicación han sido testigos de que ésta persiste. Es inconcebible que por sus exorbitantes ganancias estas empresas sigan amparando al crimen.

Cada día muchas familias son extorsionadas por grupos criminales, obligándoles a comprar saldo para líneas contratadas bajo la modalidad de prepago que obran en manos de delincuentes. En estos aparatos, tras su confiscación, se han encontrado miles de dólares abonados. ¿No sería esto señal suficiente para que las mismas empresas reportaran estas irregularidades a las autoridades y proceder al corte y confiscación del saldo telefónico?

En el marco de la cooperación entre Órganos de Estado es centrada y oportuna la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declarando la constitucionalidad de las elevadas multas que pueden ser impuestas a las empresas telefónicas que transgreden la ley, al mantener la señal de comunicación en los centros penitenciarios. Las autoridades, los medios de comunicación y la misma población estamos obligados a auditar, monitorear y comprobar con nuestros propios teléfonos el cumplimiento de esta restricción y en todo caso a exigirla, tanto a las empresas como a las instituciones.

 

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