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No dudamos que el gobierno necesita disponer de mayores cantidades de fondos para la seguridad pública. Especialmente cuando el índice de criminalidad  registrado por nuestro país es uno de los mayores del mundo, lo cual nos ubica en un deshonroso primer lugar en porcentajes de homicidios, mismos que afectan especialmente a la juventud y a personas de mediana edad, sin importar género o condición social. Los dobles o triples asesinatos se han vuelto casos cotidianos a lo largo y ancho del territorio, así como la sistemática desaparición de personas que días más tarde son encontradas sin vida. Ante esa cruel realidad, debemos volvernos sensibles y solidarios para aportar las mejores soluciones para que el gobierno las analice y las lleve a la práctica legal.

Urge reforzar no solamente el aspecto salarial de la PNC, custodios de centros penales y agentes de la Unidad PPI, sino también dotar a los entes de la seguridad pública de mejores equipos técnicos para la investigación del delito, recolección de pruebas, vehículos blindados, mejores armas, entrenamientos frecuentes, uniformes adecuados, etcétera. Ningún salvadoreño consciente podrá negar que esos recursos sean muy necesarios, de vital importancia y de pronta implementación.

Pero ello no debe conducir al Estado a querer implantar medidas precipitadas, demagógicas en algunas oportunidades, o simplemente inaplicables para una gran mayoría de nuestra sociedad que sufre una grave crisis económica, que según indicadores confiables ronda alrededor del 63 % de la población en condiciones de pobreza, desempleo, insalubridad y otras situaciones duras e incómodas. Sin embargo, tampoco es un cuadro pesimista por completo. La nación, afortunadamente aún cuenta con otros rubros de donde, perfectamente y sin dañar tanto, el Estado puede percibir esos fondos que tanto necesita para afrontar con éxito la inseguridad que vivimos los salvadoreños. De hecho, tanto en las redes sociales, como en los espacios editoriales de los distintos medios, o en los programas de entrevista radial o televisiva, se han aportado muchas soluciones para que el Estado obtenga ingentes cantidades en dólares, suficientes para enfrentar la delincuencia terrorista que tiene a dos manos al país entero y no solamente a unos cuantos municipios.

No voy a repetir las propuestas que diputados, analistas, técnicos, columnistas y otros sectores ya expusieron con amplitud y detalles. Incluso, muchas me han parecido viables y oportunas, pero deseo referirme a una que no se ha dicho: utilizar los recursos que provengan de aplicar la ley de extinción del dominio, una fuente muy rica en especies y activos donde, sin molestar a nadie, ni levantar polvaredas de protestas y rechazos, el Estado recaudaría algunos millones y además, como consecuencia jurídica, castigar a los delincuentes que se verían privados de inmuebles, vehículos de lujo, cuentas bancarias, etc. que ellos han obtenido mediante la comisión de hechos ilícitos, desde el narcotráfico hasta la trata de personas  y las extorsiones. Podría mencionar algunos casos ya judicializados, pero por no meterme a discusiones estériles con los defensores de los involucrados, los omito en esta oportunidad, pero lo decomisado, lo intervenido judicialmente, lo encontrado en las investigaciones, están a la espera del fallo que emitan los tribunales y se extinga el dominio por parte de quienes los obtuvieron de ilegal modo. Albert Einstein escribió una vez que las crisis en los pueblos hacen que se agudice el ingenio para superarlas. Dejemos de enredarnos en reyertas verbales o ideológicas, la Patria está en peligro y necesita del mejor esfuerzo de sus hijos en este momento aciago, que confiamos pasará pronto, como la oscuridad nocturna al rayar la aurora del nuevo día…

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