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En nuestro país, los volcanes constituyen las más preciadas zonas de recarga acuífera. Como definición legal (para todo el ordenamiento jurídico), tenemos: “ZONA DE RECARGA ACUIFERA: lugar o área en donde las aguas lluvias se infiltran en el suelo, las cuales pasan a formar parte de las aguas subterráneas o freáticas.” Podemos deducir, con gran preocupación, que en la medida en que el Volcán de San Salvador ha sido reducido en su extensión arborizada como consecuencia del “desarrollo” urbanístico, la infiltración del agua lluvia ha venido disminuyendo necesariamente. No se requiere mayor entendimiento: la afectación ha venido impactando a las personas de nuestra población; y continuará, para las generaciones presentes y venideras.

Frente a esa realidad urbanística de impacto negativo para la población en general, desde 1983, contamos con un especial formalismo constitucional. Me refiero al texto del Art. 117 de la  Constitución de la República, reformado el año 2000. “Art. 117. Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la Ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.” Estamos frente a deberes y principios constitucionales ambientales de primer orden; los cuales “no pueden ser alterados por las leyes que regulan su ejercicio” (Art. 246. Inc. 1º. Cn). De esos deberes y principios nacen los derechos constitucionales de la persona a un medio ambiente sano y a una  mejor calidad de vida.

Considero que, si en efecto el daño ambiental que ha ocurrido con el “desarrollo” urbano en las faldas, laderas y colinas del Volcán de San Salvador es un daño irreversible, en perjuicio de la población, estamos obligados a deducir responsabilidades legales a todas aquellas personas que, por acción o por omisión, han cometido infracciones ambientales y penales; pero también vía amparo constitucional, a los responsables de violación de derechos a un medio ambiente sano, a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida (Art. 247. Inc. 1º. Cn).  Propongo al IIDC la realización de un foro consultivo de la sociedad civil para abordar este tema. La participación democrática en este campo, es necesaria hoy. En el volcán de San Salvador ha imperado la omisión de aplicación de normativa constitucional ambiental. Los diferentes ecosistemas que contiene el Volcán, desde hace más de cincuenta años han venido experimentando daños producidos por acciones y omisiones de personas particulares y de funcionarios públicos. Tanto las acciones como las omisiones pueden clasificarse como del tipo administrativo y del tipo judicial (administrativo, penal, constitucional y civil). La realidad contradictoria: en ese escenario han “desfilado” acuerdos, resoluciones, sentencias. Respecto de estas últimas hemos tenido incluso sentencias de la Sala de lo Constitucional y de los tribunales penales. Si hoy las analizamos a la luz de la realidad social preocupante, en integración con los convenios y tratados internacionales, con la transversalidad ambiental, podríamos concluir que ha prevalecido criterio trasnochado, el del derecho a la propiedad privada del Código Civil, sin atender la condicionante constitucional de la función social ni el principio del interés social de la protección de los recursos naturales. Los daños ambientales como consecuencia de esas sentencias son irreversibles.

Algunas personas, desconociendo lo que  implica la construcción de nuestro Estado Constitucional de Derecho, abogan porque se supriman trámites administrativos preventivos de depredación y contaminación ambientales, para todo el territorio nacional. Afirmo: los volcanes de nuestro país, constituyen las principales zonas de recarga acuífera; razón fundamental para tomar conciencia en el sentido de que debemos protegerlos (Art. 117 Cn.); con más restricciones legales, con  más sanciones administrativas y penales, con más responsabilidad civil.  La escasez de agua dulce, para consumo humano en nuestro país, ha comenzado a sumar violencia social.  Una medida preventiva impostergable al respecto, lo es la reforestación a gran escala de todos los volcanes del territorio nacional. El Estado, también está organizado para la consecución del bien común (Art. 1, Inc. 1º. Cn.). En materia ambiental la reforestación de nuestros volcanes será una acción de solidaridad generacional (bien común).

 

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